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Juicio político: cuestionan el informe del “empleado de Castillo en la Anses”

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Eduardo Andrada
Eduardo Andrada

Desde la comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político de Diputados, donde se encuentra la denuncia del letrado Eduardo Andrada contra los ministros de la Corte José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, se había solicitado copias certificadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) respecto a documentación previsional de ambos cortesanos.

Eduardo Andrada
Eduardo Andrada

Dentro de este marco se inscriben las palabras que tuvo Andrada en el programa radial “Nuevos Tiempos”. En un debate junto a otros dos letrados -la presidente del Colegio que nuclea a los profesionales, Fernanda Rosales y el abogado Carlos Uslenghi- el impulsor del juicio político para con los dos cortesanos le apuntó al senador nacional Oscar Castillo y al jefe de la UDAI Anses, Fernando Capdevila.

Andrada inició su cuestionamiento indagando “cómo puede ser que Castillo siga manejando la Justicia desde 1991, cómo se mantuvo este engranaje perverso donde abogados ilegítimos, porque no cumplen con la ley, pueden seguir dando fallos que son nulos”. Estas palabras apuntaron directamente a Cáceres y Sesto de Leiva.

Para el letrado, el informe proporcionado “por otro de los empleados calificados de Castillo, Fernando Capdevila en Anses, en respuesta a un oficio que envió la Comisión de Asuntos constitucionales”, fue insípido. Es que, según mencionó, la respuesta del organismo previsional fue que “el expediente de Cáceres está en la Corte, el de Sesto de Levia en Buenos Aires, y el de (el procurador Enrique) Lilljedahl no se encuentra”.

De esta forma, apuntó que Capdevila “no tuvo ni siquiera la delicadeza de mandar una resolución diciendo ‘mire no tengo esto, pero sí tengo las resoluciones que dicen que son jubilados’ y allanar el camino para el juicio político tan querido por Cáceres”.
Sobre este último punto insistió que el cortesano “decía que quería el juicio político, ya lo tiene” pero “ahora no influyas en el poder político, en los socios, ni con el jefe de él, que se llama Oscar Castillo, de donde baja todo, a las cámaras y a los juzgados”.

Agua y tráfico de influencias
Por su parte, Rosales contempló que “el sistema judicial hace agua por todos lados” más aún “si comenzamos pensando que dos miembros del máximo tribunal incumplen la Constitución”. Ello la llevó a plantear un interrogante: “¿Qué podemos esperar del resto del poder judicial?”.
“La justicia en Catamarca no funciona”, evaluó, indagando el “por qué hay miedo a la reválida de los títulos” o “cuál es el motivo por el cual no deberíamos tener acceso a todos los cargos de la Justicia”.
En tanto, Uslenghi apuntó a la problemática del “tráfico de influencia” en la Justicia. “Acá hubo un jury que por tapas de matutinos se habló de tráfico de influencias, se dijo que se iba a investigar y no se hizo”, señaló.
Al finalizar, mencionó que poseía en sus manos una denuncia presentada en Fiscalía General de una ciudadana por “tráfico de influencia”. Es que, según explicó, “siendo víctima de violencia de género, denunció que funcionarios judiciales le avisaban al marido, empleado del poder judicial, las medidas que iban a tomar y en qué manera”.