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Punto por punto: ¿en qué consiste el protocolo de aborto no punible?


Ginés González García volvió a poner en vigencia el protocolo para el aborto no punible, que había dejado sin poder el expresidente Mauricio Macri. ¿Cuáles son sus principales medidas?

El actual ministro de Salud de la Nación actualizó el documento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y ya está puesto en marcha, a partir de hoy y será aplicado en todo el país.

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Ginés González García y el protocolo de aborto no punible

El funcionario público sostuvo, en conferencia de prensa, que el nuevo protocolo no modifica ninguna ley vigente. Consiste en una guía para saber cómo proceder ante diversas situaciones, para que los médicos sepan el correcto accionar.

Los equipos de salud deben garantizar el aborto no punible sin intromisión de la Justicia, ya que la ILE debe ser realizada con total normalidad, a lo largo de todo el país.

El criterio que debe ser respetado es “autonomía progresiva”, garantizando el acceso a la práctica a niñas y adolescentes que soliciten realizarse la práctica.

protocolo

Otra medida es cómo toman la objeción de conciencia, que pueden tener los médicos. “Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”, dice el documento.

Una de las obligaciones de los profesionales médicos es informar a la persona gestante sobre su derecho a acceder a una aborto no punible.

“La objeción de conciencia es individual. Los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE. La negativa por parte del profesional no cancela la obligación de informar de manera clara, suficiente y oportuna el derecho a acceder a una ILE, de respetar, proteger y garantizar la autonomía de la paciente”.

En el protocolo, se deja bien en claro cuáles son los causales para obtener un aborto no punible: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante o que haya sido producto de una violación.

Para el documento, el embarazo de una adolescente de 15 años o menos, ya de por sí implica un peligro para la salud física y mental de la menor de edad.

Finalmente, se determinó la decisión autónoma “entre los 13 y 16 años”. Pueden dar su consentimiento, de manera autónoma, para las prácticas de la ILE. Se recomienda, de todas formas, contar con la compañía y el apoyo de una persona de confianza.

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