Un empleado del Servicio Penitenciario Provincial, que está imputado por una supuesta usurpación ocurrida a mediados de 2017, se resiste a hacer entrega de la casa que ocupa.
La damnificada, de apellido Cuenca, comentó que el sujeto, de apellido Varela, tuvo acceso a la vivienda, ubicada por calle Maipú en barrio Parque Norte, «porque lo conocía desde que éramos vecinos, cuando siendo niños vivíamos en la localidad de Los Altos, en el departamento Santa Rosa».
En diálogo con El Ancasti, la mujer explicó que aproximadamente a principios de 2015, «yo vivía en la casa que no me quiere devolver, mientras cursaba un embarazo. Pero entraron a robar. Dejaron todo roto y revuelto y tuve mucho miedo». Indicó que a partir de los contactos con Varela acordaron el “préstamo de la vivienda y me fui a vivir a casa de mi hermana porque tenía miedo de que entraran de nuevo y me golpearan».
En este marco, sostuvo que tras convivir un tiempo con su familiar debió alquilar una casa junto a sus dos hijos menores, «que apenas puedo pagar».
«Por eso, a mediados de 2016, le pedí a Varela que por favor me devolviera la casa. Me pidió una prórroga y se la di. Pero llegó diciembre de ese año y no dejó la propiedad. Y cuando fui a reclamarle me pidió que le diera $30.000 si quería que se fuera», agregó.
Visiblemente conmovida, la mujer aseguró: «Nunca imaginé que pudiera hacer una cosa así, porque conozco a toda su familia. Casi nos criamos juntos». Ante la negativa de Varela -quien compartiría la casa con su pareja, también empleada del Servicio Penitenciario-, la damnificada realizó la denuncia penal en abril de 2017.
«Yo les mandaba mensajes, los llamaba por teléfono y no contestaban. Cuando los iba a buscar en la casa me atendían mal», señaló.
Indicó que la investigación de la denuncia quedó a cargo del fiscal de instrucción N° 3, Javier Herrera, quien posteriormente imputó a Varela. Fuentes vinculadas con la investigación comentaron que en sus declaraciones el empleado policial habría negado que existiera la entrega en comodato de la vivienda en cuestión.
También remarcaron que el hombre realizó una mensura del inmueble para gestionar la prescripción adquisitiva, cuyo trámite estaría registrada en la Administración General de Catastro. Otras fuentes explicaron que la resolución de la causa «está trabada» porque la defensa de Varela presentó un recurso judicial tras el cual la causa pasó del fuero Penal al fuero Civil.
«La jueza interviniente dictó una medida cautelar y dispuso que todo quede como está», indicaron.
Por su parte, la damnificada disparó: «Él dice que tiene la posesión y yo no se la di. Además, soy la dueña de la casa y tengo todo para probarlo».
