La Administración de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Capital, a través de un informe de la Dirección de Planeamiento Urbano, no avaló la construcción de viviendas en el complejo habitacional Valle Chico, conocido como la Ciudad Satélite, donde se planea la construcción de 4.000 viviendas sociales del IPV. El informe, que data de abril de 2014, advirtió sobre los riesgos de obra e invalidó el certificado de no inundabilidad de los terrenos y advirtió sobre la falta de cumplimiento con algunos trámites básicos, como el permiso municipal de obra o la aprobación de planos.
El documento fue redactado por arquitectos de Planeamiento Urbano, quienes señalaron que al no haberse realizado los estudios y las obras para encauzar las aguas que corren por el área donde se construyeron las viviendas, y al no haberse realizado defensas de las orillas del río Ongolí antes de comenzar a edificar, el certificado de no inundabilidad del terreno quedaba «inválido» y de la misma manera se anuló toda certificación o factibilidad otorgada con relación a los terrenos.
Por otra parte, los funcionarios advirtieron que a la fecha del informe los trámites municipales de plano de subdivisión, loteo y urbanización aún no estaban terminados, y muchos otros ni siquiera tenían un expediente iniciado, como la aprobación de plano de obra nueva, el permiso municipal de obra, estudios de impacto ambiental, certificado de uso conforme y la visación previa.
«Al tiempo de la visita al sitio, no se vio obra alguna de las antes recomendadas por expertos en geología. Esto pone en riesgo el trabajo de obra y las futuras viviendas terminadas, no pudiendo otorgarles la condición de habitabilidad, al no ejecutarse las obras necesarias para mitigar los efectos de las escorrentías del sector recorrido por cursos de agua y desagües naturales. Se arrasó con el monte nativo sin ninguna previsión ni preservación, se taparon parcialmente algunos cañadones e incluso se rellenaron otros para el emplazamiento de algunas viviendas», señala el informe.
En el mismo documento se señalaron al menos diez ordenanzas a las que se estarían incumpliendo, al tiempo que se recomendó notificar al IPV y a las empresas constructoras de la situación respecto a estos trámites para dar seguridad a la obra de urbanización ante los riesgos de eventos naturales.
