El diputado provincial del FPV Hugo Argerich presentará hoy ante la Justicia Federal local un recurso de amparo contra la resolución del ministerio de Energía de la Nación que aprueba el incremento de la tarifa eléctrica, porque afecta de manera directa a las clases medias y bajas, “sin las garantías de que el servicio funcione en condiciones óptimas”. Además, califica la medida como ilegal porque no se convocó a una audiencia pública.
El escrito, que será presentado en la mañana hoy bajo el patrocinio del abogado Leonardo Berber, busca el objetivo de impugnar la resolución ministerial y “procurar restablecer el equilibrio y las normas violadas”, ya que sostiene que “lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos colectivos y garantías de la sociedad”.
En el amparo especifican que el pasado 25 de enero el ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, resolvió dejar sin efecto las anteriores normativas aplicables a la regulación del servicio de energía eléctrica, modificando en su totalidad los esquemas de precios vigentes hasta el año 2015, con un peligro evidente de distorsión de todo el sistema energético por la evidente suba de precios y costos por la utilización de la electricidad en todo el territorio nacional.
Además plantea que toda modificación del régimen tarifario requiere de una convocatoria a audiencia pública efectuada por el Enre, donde el Poder Ejecutivo Nacional debe presentar los argumentos que justifiquen la toma de decisión en función de una base democrática con intervención popular directa, “lo que se omitió flagrantemente en el caso de marras, tomándose una determinación autónoma, ilegal, arbitraria y dañina para la sociedad en su conjunto que no tuvo oportunidad de ser oída como lo manda la ley”.
Para el legislador, se pretende justificar la determinación tomada “con un discurso público alusivo a la regularización del servicio y sinceramiento de precios”. “Lo real y concreto es que la resolución de marras provoca un quiebre social por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, donde las clases medias y más necesitadas resultan afectadas por la nueva disposición de recursos económicos para afrontar los pagos pertinentes, sin la correlativa garantía de que el servicio funcionará en condiciones óptimas”.
Entiende que de la suba del precio por el servicio no se deduce una contraprestación a cargo del ente encargado de brindarlo, por el contrario, se exige una regularidad en el pago por parte de las distribuidoras locales con escaso margen de mora, lo que redunda en un beneficio inaudito para Cammesa. “Como se evidencia, la resolución pone su foco benevolente a favor de la mayorista a costas de la sociedad toda, en una determinación totalmente absurda, irracional, arbitraria e ilegal”, enfatiza.
Al mismo tiempo, se procede a la quita de los subsidios a los usuarios del servicio público esencial de energía eléctrica, “resultando despojada la población de una importante cantidad de recursos económicos que anteriormente contribuían al mantenimiento familiar, vulnerando el derecho de propiedad en el sentido constitucional del término, al provocar una pérdida real del poder adquisitivo de las familias al disponer de menos recursos para la subsistencia”.
Argerich se pregunta en el recurso si es posible que el gobierno nacional impulse un aumento del 500% en el costo de la energía eléctrica mientras en contrapartida impulsa procesos de aumentos salariales con techo del 25%, “es decir, en términos numéricos la relación que se provoca es de 20% a 1”.
“A estas alturas no quedan dudas del impacto económico en el bolsillo de la gente que tiene la resolución ilegitima, ilegal e inconstitucional de la que se busca protección por esta vía procesal”, concluye.
