El diputado provincial Luis Saadi, ingresó el proyecto de ley por el que promueve la creación de una oficina Anticorrupción, de carácter administrativo e independiente, con diversas competencias, entre las que destacan la facultad de investigar a las instituciones públicas y en su caso a los funcionarios y agentes públicos, sobre hechos que pudieran constituir actos de corrupción.
Asimismo, está facultada a esos fines para recepcionar denuncias de cualquier ciudadano, y también para investigar de oficio cuando lo considere pertinente.
Saadi explicó que la oficina anticorrupción también estará facultada para realizar denuncias y constituirse como querellante ante los juzgados provinciales para participar e impulsar los procesos judiciales que pudieran abrirse.
“Lo más destacado del proyecto y lo que lo diferencia de otras jurisdicciones y del orden nacional, es el modo de designación del titular de la oficina anticorrupción, ya que en este caso la designación recae en el Poder Ejecutivo, quien deberá elegirlo de una terna de candidatos que para ese fin deberá elevar el partido de oposición con mayor representación en la Legislatura”, detalla.
Por otra parte, menciona que como herramientas para otorgar mayor autonomía se han incluido artículos que hacen al funcionamiento interno de la oficina, especialmente en lo que se refiere a sus recursos presupuestarios, y podrá ejercer sus funciones sin recibir instrucciones de autoridad alguna gozando para ello de independencia presupuestaria, funcional e institucional de todo poder del Estado.
Mientras que la revocación del mandato del fiscal anticorrupción también requiere de la búsqueda de consensos, pero en este caso, la decisión de removerlo no se encuentra sólo en la oposición, ni mucho menos en el Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo, que podrá decidirlo a través del mismo procedimiento y mayorías requeridas para aprobar leyes.
A su vez, aclara que para evitar la politización indebida de la oficina, el fiscal anticorrupción queda inhibido de participar en procesos electorales como ser candidato por cuatro años siguientes a la finalización de su mandato. Y para evitar la mediatización prematura de los trabajos investigativos, se le otorga carácter de reservadas a investigaciones hasta su finalización.
