Ahora, el FCS presentó un proyecto de ley de Responsabilidad del Estado, iniciado por la diputada Marita Colombo (FCS). Se trata del marco regulatorio para el Tribunal de Cuentas, como complemento del nuevo Código Civil y Comercial. La iniciativa llega luego del frustrado intento de los legisladores del FV de tratar el proyecto de ley de adhesión a la ley nacional de Responsabilidad del Estado presentado antes por la diputada Cecilia Guerrero.
En la sesión ordinaria del 19 de agosto, el oficialismo solicitó el tratamiento preferencial del proyecto de Guerrero, pero se vio trunco por la negativa del FCS-F3P. En aquella oportunidad, Colombo sostuvo que debían analizarse en profundidad los alcances de esa ley porque podría prestarse también para desvincular de responsabilidades a funcionarios kirchneristas en su accionar en la administración de la cosa pública.
Ahora Colombo presentó un proyecto propio (no de adhesión) que persigue fines similares.
En sus fundamentos, la presidenta de bloque del FCS expresa que «la ley nacional 26.994 (de Responsabilidad del Estado) cuenta con un acotado margen de vigencia en cuanto limita su alcance a la Responsabilidad Estatal Nacional, por ello que resulta menester la tramitación de una normativa específica para el ámbito de la provincia de Catamarca».
«La adhesión a la norma nacional no es viable por algunos cuestionamientos. Está claro que hay circunstancias en las cuales el Estado ha obrado conforme a derecho y, sin embargo, produce perjuicios o lesiona garantías previstas expresamente en la Constitución Nacional o Provincial. Entendemos propicio regular de manera específica la responsabilidad de funcionarios públicos que en irregular ejercicio de sus funciones y actuando con culpa o dolo fueren generadores de daño y la potestad de repetición por parte del Estado para con estos. Agregamos un tratamiento diferenciado de responsabilidad civil derivada de daños ocurridos como consecuencia de actos de corrupción en favor de particulares o terceros que hubieran accionado de buena fe», expresa el documento.
Por otra parte, le quitó presión a la necesidad de sancionar una ley, a pesar de que se cumplirá un mes desde que rige el nuevo Código Civil. «La urgencia que hubiera no obsta de un prudente y meticuloso análisis parlamentario», destaca.
