Fuentes del Gobierno provincial anticiparon que la Provincia analiza la posibilidad de iniciar un reclamo judicial para recuperar los fondos de coparticipación federal que Nación detrae para el financiamiento de ANSES a partir de la transferencia de la Caja de Jubilaciones. Según pudo averiguar El Ancasti, la Gobernadora dio instrucciones de analizar la situación y la próxima semana se definirá si se avanza en una acción judicial individual o en forma conjunta con otras provincias.
El diario LA NACIÓN informó ayer que los gobernadores del PJ se preparan para una batalla judicial y política para recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de 20 años, y así ganar autonomía.
La ventana para ese planteo se abrió el martes con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La resolución -acotada a Córdoba, Santa Fe y San Luis- declara inconstitucional una ley que les descontaba a todas las provincias el 15 % de la masa de impuestos coparticipables para financiar las prestaciones de seguridad social. Si bien esa medida se aplica a las tres jurisdicciones que hicieron reclamos, otras quieren conseguir el mismo beneficio.
Según el matutino Misiones, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Salta, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa y Chaco evalúan cursos de acción y presentaciones similares.
A nivel local existe hermetismo sobre el tema. Según trascendió la Gobernadora ya encomendó a Fiscalía de Estado que reúna antecedentes.
«Estamos revisando la documentación, creemos que estamos en condiciones de iniciar una demanda. A partir de la semana veremos. Por ahora, estamos analizando la situación con Economía, porque hay una inquietud de la Gobernadora para recuperar fondos para la Provincia. Necesitamos fondos para cubrir gastos no solo del Estado sino de inversión y financiamiento, cuando estamos hablando de un 15% de la coparticipación, nos referimos a más de $ 2000 millones anuales», estimó un funcionario del Gobierno provincial.
El conflicto
El conflicto tiene su origen en 1992. En ese momento, el ex presidente Carlos Menem decidió la privatización del sistema previsional y se acordó el descuento del 15% a las provincias, que con el tiempo tuvo sucesivas prórrogas. Como contrapartida, esos fondos se destinarían a financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), mientras las jurisdicciones transferían al gobierno central las cajas jubilatorias.
Catamarca fue una de las provincias que transfirió la caja de jubilaciones durante la gestión del ex gobernador Arnoldo Castillo.
Hasta 1997, 11 de los 24 distritos realizaron la transferencia. Ya con Néstor Kirchner en el poder, en 2006, venció un pacto que sostenía la deducción del 15% de coparticipación y el ex presidente impulsó la ley 26.078, no refrendada por algunas provincias en sus Legislaturas, y ahora declarada inconstitucional, en su artículo 76.
Como la seguridad social volvió a manos del Estado en 2008, surgió la discusión sobre si ese aporte debía seguir o no. La ANSES solventa prestaciones clave, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre otros programas, y una poda en sus ingresos, de mínima, podría hacerle perder su condición de ente superavitario.
APORTE
Catamarca, al igual que el resto de las provincias argentinas, contribuye, desde 1992, con el 15% de sus recursos coparticipables para solventar el déficit que tenía el sistema previsional.
La Provincia, sin planteos judiciales
En los años 2008- 2009, Catamarca había iniciado varios reclamos judiciales contra la Nación por la detracción de recursos de coparticipación a partir de distintas medidas. Sin embargo, en 2010, la Provincia, al igual que otras, desistió de los reclamos judiciales cuando adhirió al Programa de Desendeudamiento que implementó el Gobierno nacional y que le permitió refinanciar la deuda que Catamarca tenía con el Estado nacional. En cambio, Córdoba, Santa Fe y San Luis siguieron con el planteo judicial y ocho años después obtuvieron sentencia favorable de la Corte Suprema.
Catamarca firmó el acuerdo en 2010 porque le permitía reducir la deuda y contar con fondos extras ($ 350 millones) ya que se suspendían descuentos a la coparticipación.
Las conversaciones tuvieron como eje el requerimiento de la Casa Rosada de que las provincias desistan de las causas judiciales contra el Estado nacional, como condición para ingresar al programa. Ante la firma del acuerdo, los reclamos fueron archivados.
