Los diputados y presidentes de las bancadas oficialista y opositora en la cámara baja de la provincia, Hugo Argerich (Frente para la Victoria) y Marita Colombo (Frente Cívico y Social), respectivamente, evaluaron como oportuno un reclamo judicial para recuperar los fondos devengados en recursos de coparticipación que nación recorta para el financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Es que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo por el cual declaró inconstitucional una ley que les descuenta a todas las provincias del país un 15 por ciento en carácter de impuestos coparticipables, favoreciendo así al reclamo que llevaban adelante Córdoba, Santa Fe y San Luis.
De acuerdo a trascendidos, Catamarca analizaría la posibilidad de iniciar un reclamo judicial por los últimos cinco años, cuestión que debía ser resuelta por el fiscal de Estado y la gobernadora Lucía Corpacci o el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes.
Provincia
La presidenta del bloque opositor, Marita Colombo, evaluó que “es una deuda que sin lugar a dudas se tiene que reclamar”, indicando que a partir del fallo de la Corte “es una bisagra, porque se trata de un reclamo de larga data, sobre el que se ha insistido en el Congreso de la nación y hubo gobernadores” que desistieron en algunos casos “por las presiones del gobierno nacional” al firmarse el convenio de desendeudamiento en el cual, para acceder, “se debía desistir de los reclamos”.
En este sentido, comentó que “es una deuda pendiente” y que ocurre de manera similar “con el impuesto al débito y créditos bancarios, un impuesto coparticipable” y que no se está haciendo en “su totalidad como resultado de un convenio del 2002”.
Así, la diputada indicó que en la cámara baja provincial existe un proyecto de ley perteneciente al bloque opositor, iniciativa de Juan Pablo Millán, que fuese presentado en el 2012, en el que se denunciaba el convenio del año 1992, el cual autorizaba la detracción del 15 por ciento de coparticipación a la provincia. “El proyecto planteó denunciar el convenio, salirse del mismo y dejar de acordar el descuento”, graficó.
“La situación que había dado origen a ese acuerdo que prestaron los gobernadores por el déficit de Anses se había revertido, mejorado su balance, incluso, con superávit”, ilustró Colombo, entendiendo que por lo cual “no había razón para que se continúe practicando los descuentos”. En este mismo orden, señaló que antes del 2006 “no había motivos para que nación continúe detrayendo”.
“Es oportuno reclamarlo”, manifestó e indicó que el proyecto de la Legislatura provincial no cuenta con despacho de comisión y que los diputados del oficialismo “siempre se negaron a tratar este convenio, planteando que queríamos desfinanciar a la nación”. “Un proyecto de esa naturaleza requiere el acuerdo de todos los bloques y el FPV no prestó acuerdo ni siquiera en un debate de comisión”, dijo.
Asimismo, consideró que “con un gobierno a punto de asumir es otro el marco político institucional, por lo cual esperamos que se respeten las instituciones, entre ellas el federalismo fiscal” y que ante esta nueva etapa “los gobernadores no tengan que desfilar aplaudiendo al presidente para obtener recursos que bajen a sus respectivas provincias”.
De esta manera, entendió que el tema debe formar parte del diálogo entre nación-provincia, para que sea resuelto de manera consensuada, “ya que puede afectar los recursos no
sólo de las provincias, sino también de la nación”.
En el plano provincial, indicó que “la Gobernadora no debe ignorar que a ella se le estuvo practicando ese descuento y jamás escuche que se quejara de la detracción”. En el mismo orden, interrogó si “ante el cambio político reclamará lo que antes estuvo dispuesta a ceder”.
Por último, consignó que “todo lo que signifique recuperar para las provincias los recursos que indebida e ilegalmente nos quitó el kirchnerismo debe ser un reclamo que nos ponga a todos los catamarqueños en una misma vereda”.
Concordancia
Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Hugo Argerich, consignó que el reclamo debería hacerse como lo hicieron las provincias y entendió que Catamarca debería “sumarse a realizar un planteo judicial a través de Fiscalía de Estado para reclamar, en definitiva, el 15 por ciento”. En este sentido, recordó que oportunamente la provincia había ingresado en los programas de desendeudamiento, donde firmó compromisos para no avanzar en un reclamo judicial.
“Hay que analizar desde el punto de vista legal y técnico si el fallo abre la posibilidad y le permite a Catamarca sumarse a las provincias que reclaman o si los beneficios obtenidos a través del desendeudamiento que firmó no le permiten ingresar a los reclamos generalizados”, observó.
Argerich estimó que de avanzar el reclamo, se accedería a unos 2000 millones de pesos, “de acuerdo a montos actualizados en caso de reconocerse”, los cuales, para la provincia, son recursos “muy importantes”. Sin embargo, analizó que “con el fallo de la Corte, invita a que se debe dictar un nuevo régimen de coparticipación para cumplir con una de las cláusulas que está en la Constitución desde la Reforma del ‘94”.
En cuanto al proyecto del bloque opositor por el cual se pretendía salir del descuento, señaló que “ellos siempre tuvieron mayoría”, tanto en la comisión como en el recinto e indicó que “siempre estuvimos de acuerdo con esto. Felicitamos a los autores por su visión política”, concluyó.
El rol de la Justicia
La diputada Colombo consideró que “es absolutamente demostrativa la manera en que se maneja el Poder Judicial en Argentina”, al observar que “la Corte Suprema, que vino haciendo oídos sordos a los reclamos de las tres provincias que mantuvieron su demanda -Santa Fe, Córdoba y Sal Luis-, justo cuando cambia la gestión de gobierno se anima a sacar el fallo”.
En este sentido, entendió que “la Corte estuvo, por acción u omisión, siendo cómplice del desfinanciamiento de las provincias”, al dejar pasar el tiempo para realizar el fallo.
Es que de acuerdo a su mirada política, “nunca se vio un mecanismo de disciplinamiento tan severo como el que usó el kirchnerismo para con los gobernadores con este tipo de procedimientos o metodología”.
