El juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Porfirio Acuña, dio lugar al pedido del fiscal Víctor Figueroa y elevó la causa por abuso sexual que tiene como imputado al ex intendente de Puerta de Corral Quemado Enrique del Carmen Aybar. En abril de 2013 fue denunciado por haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años, oriunda de la misma localidad. La llevó a un motel alojamiento, en Valle Viejo, y le había prometido conseguirle una beca estudiantil. Esta circunstancia había sido aprovechada por el jefe comunal para intentar violar a la menor, a la que logró tocarla en sus partes íntimas y la besó, mientras la amenazaba con matarla.
La joven, que había viajado junto con su madre, regresó y le comentó lo sufrido. La denuncia fue radicada en Belén, que pertenece a la Tercera Circunscripción Judicial, pero debido a que el hecho ocurrió en la Primera Circunscripción Judicial, las actuaciones fueron giradas al entonces fiscal de instrucción Roberto Mazzucco (h), quien lo imputó y en noviembre de 2015 envió la causa a juicio. Sin embargo, los abogados de la querella pidieron una ampliación de declaración de la víctima, quien aseguraba haber sido accedida carnalmente.
La causa estuvo al borde de ser archivada por un pedido de sobreseimiento realizado por su defensa, pero en marzo de este año el juez Acuña rechazó esa solicitud, que había sido avalada por el ex fiscal y dispuso que la causa sea investigada por otro fiscal. Pese a la declaración de la víctima, los informes médicos señalaron que no había signos de defloración. Esta declaración fue considerada falaz por la fiscalía que avaló que la defensa de Aybar pidiera el sobreseimiento en junio de 2016. Ante estos incidentes, el juez Acuña no hizo lugar al pedido de sobreseimiento y dispuso que un nuevo fiscal emitiera un dictamen.
En ese sentido, el expediente fue girado a la Fiscalía de Primera Nominación, a cargo del fiscal Víctor Ariel Figueroa, quien efectuó los trámites correspondientes y mantuvo la acusación original, de «abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda».
En abril de este año, el Código Penal fue modificado y se amplió la figura de abuso sexual. La pena de la imputación de Aybar prevé una escala de ocho años a 20 años de prisión si «resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; el hecho fuere cometido por (…) el encargado de la educación o de la guarda».
