El aumento de las adicciones en Catamarca entre niños, adolescentes y jóvenes expone una problemática que ya no queda limitada al ámbito sanitario y que también comienza a generar una fuerte demanda sobre la Justicia y las familias. Las alertas surgidas a partir de la atención de menores con cuadros graves de consumo en el Hospital de Niños Eva Perón volvieron a poner en discusión la capacidad de respuesta del Estado frente a una situación que requiere intervención de distintas áreas.
La jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género, María Elisabet Salas, explicó que los tribunales intervienen cuando una situación de consumo problemático está atravesada por una afectación de la salud mental y llega a la Justicia mediante una denuncia o una acción. Según detalló, el marco de actuación está determinado por la Ley Nacional de Salud Mental y las normas provinciales, con especial atención a los derechos y garantías de las personas involucradas.
En los casos de mayor gravedad, la Justicia debe evaluar la existencia de un peligro inminente para la persona o terceros. Sin embargo, Salas aclaró que los jueces no pueden disponer por sí solos una internación involuntaria. La Justicia puede ordenar el traslado para que intervenga el sistema sanitario, pero es el equipo médico el que debe determinar si existe criterio clínico para una internación. Si ese criterio no se verifica, corresponde continuar con un tratamiento ambulatorio.
Adicciones en Catamarca: familias desbordadas y una respuesta estatal que enfrenta nuevos desafíos
Uno de los aspectos más preocupantes vinculados con las adicciones en Catamarca es el impacto que el consumo problemático tiene dentro de los hogares. La magistrada señaló que se observa un incremento de causas en las que el consumo aparece relacionado con situaciones de violencia intrafamiliar y relató que cada vez son más los adultos que recurren a los tribunales porque ya no pueden contener a sus hijos dentro de sus propias casas.
La situación alcanza también a jóvenes de entre 18 y 25 años y a adultos mayores que llegan a la Justicia para denunciar a sus propios hijos. El dato expone una realidad especialmente compleja: muchas familias quedan atrapadas entre la necesidad de asistir a una persona con problemas de consumo, la falta de herramientas para contenerla y los límites que tiene el sistema judicial para intervenir en cuestiones que requieren fundamentalmente una respuesta sanitaria y social.
La jueza también marcó una diferencia fundamental respecto de los antiguos modelos de atención. Una internación por motivos de salud mental, explicó, no puede ser entendida simplemente como disponer de una cama para aislar a una persona. Requiere un abordaje interdisciplinario en el que participen psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas. La intervención debe apuntar al tratamiento y a la protección de derechos, evitando que el paciente sea estigmatizado.
El planteo deja además una advertencia dirigida al conjunto del Estado. Salas sostuvo que las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y cuestionó la posibilidad de mantener estrategias diseñadas para una realidad que ya cambió. En ese sentido, consideró necesario escuchar a especialistas y revisar los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones que deben intervenir frente a los casos de consumo problemático.
La problemática de las adicciones en Catamarca también muestra las dificultades para obtener una dimensión estadística unificada desde los tribunales. La jueza explicó que los juzgados no manejan un registro global de causas debido a la estructura de los turnos y a que el cómputo general depende de la Corte de Justicia provincial. Esto dificulta establecer desde el ámbito judicial una cifra consolidada sobre el fenómeno.
Mientras tanto, el crecimiento de los casos que llegan a hospitales, familias y tribunales plantea un desafío que excede a un solo poder del Estado. Salud, Justicia, familias e instituciones sociales deben actuar frente a situaciones en las que una respuesta exclusivamente judicial resulta insuficiente. El escenario expuesto en Catamarca obliga a discutir si las herramientas disponibles alcanzan para acompañar a niños, adolescentes y adultos afectados por el consumo y, especialmente, para evitar que las familias lleguen a los tribunales cuando la situación ya se volvió inmanejable.
Fuente: El Aconquija
