El traslado interprovincial de un imputado por maniobras fraudulentas reactivó las discusiones sobre la persecución del delito de estafa procesal en Catamarca. Una comisión de la División Investigaciones de la Policía provincial viajó hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, para concretar la extradición de un hombre de 47 años de apellido Mores, quien permanecía alojado en la Comisaría N° 23 tras haber eludido a las autoridades judiciales locales.
El operativo se ejecutó bajo expresas directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a partir de una orden de detención tramitada por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación. Sobre el sospechoso pesaba un requerimiento judicial por engañar presuntamente a órganos jurisdiccionales con documentación o testimonios adulterados para obtener resoluciones ilegítimas, una figura que vulnera de lleno la administración de justicia y los derechos de terceros damnificados.
Una vez finalizados los trámites de rigor y el correspondiente exhorto entre provincias, el detenido fue trasladado al territorio catamarqueño y quedó alojado en sede policial a disposición del fiscal interviniente. En las próximas horas se le tomará declaración indagatoria para determinar el grado de participación y eventuales conexiones con otras causas económicas complejas radicadas en el fuero penal ordinario.
El caso pone bajo relieve la lentitud de los procesos para localizar a prófugos por delitos económicos en la región. Litigantes locales señalan que las demoras en los pedidos de captura y las trabas burocráticas entre jurisdicciones vecinas facilitan que imputados por defraudaciones financieras permanezcan meses fuera del alcance de los tribunales antes de concretarse un exhorto.
Maniobras judiciales fraudulentas, demoras procesales y falta de modernización
La reiteración de estas causas transparenta las falencias operativas del sistema acusatorio y el escaso respaldo presupuestario otorgado por el Ejecutivo provincial encabezado por Raúl Jalil. Profesionales del derecho reclaman que los organismos judiciales carecen de herramientas tecnológicas integradas para cruzar datos en tiempo real con provincias limítrofes, encareciendo traslados policiales que podrían resolverse con sistemas de alerta temprana más eficientes.
A esta carencia tecnológica se añade la falta de recursos específicos en las brigadas de investigaciones provinciales. Los agentes deben coordinar operativos de extradición con presupuestos acotados y vehículos en condiciones precarias, mientras las fiscalías acumulan expedientes por estafas comerciales, maniobras inmobiliarias y engaños procesales que saturan las secretarías penales sin resoluciones de fondo.
La extradición de Mores vuelve a evidenciar la complejidad que rodea a las causas por estafa procesal en Catamarca. Con tribunales colapsados por fraudes documentales y un aparato estatal que reacciona con lentitud frente a las maniobras ilegales dentro de los litigios, la ciudadanía exige mayor celeridad procesal y sanciones ejemplares para quienes utilizan los despachos judiciales con fines delictivos.
Fuente: El Aconquija
