“La llamada ‘cultura de la muerte’ (…) se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en el impulso de ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”. La pluma de Victoria Villarruel abre un libro de 206 páginas que el Senado acaba de publicar para intentar horadar políticas públicas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vincularla con la baja natalidad, situación que ya fue negada científicamente. La publicación fue presentada el martes pasado en la Cámara alta, en un acto donde se ausentó la vice por estar a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Nueva York pero con presencia de senadores libertarios como Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado) y Carmen Álvarez Rivero.
El libro, titulado Políticas para cuidar la vida, de distribución gratuita y venta prohibida, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la Cámara; es decir, impreso con recursos del Senado. El volumen compila las exposiciones de cuatro seminarios realizados durante 2025 en el Palacio Legislativo —sobre el llamado “Día del Niño por Nacer”, niñez y familia, adicciones, y trata de personas— y funciona como un programa ideológico con el aval institucional de Villarruel.
En cuatro capítulos, hay una cruzada contra el aborto, el “descarte” y la “cultura de la muerte”. La clave de ese programa aparece condensada en el prólogo del libro, firmado por la vice: “El desafío demográfico que enfrenta Argentina, con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, no es un problema meramente estadístico. Es un síntoma de una crisis cultural más profunda, marcada por lo que he denominado una ‘cultura de la muerte’, que, en lugar de celebrar el milagro de la vida, la presenta como una carga y un obstáculo al desarrollo individual del ser humano. Frente a ello, Políticas para cuidar la vida propone una revolución moral, espiritual y política: una revolución que no se resigna al descarte, que no abandona a las madres en su vulnerabilidad, que no considera a los niños como un obstáculo, sino como la mayor promesa de nuestro futuro”.
La evidencia disponible no respalda la causalidad que propone Villarruel, que ya fue reproducida por Milei. Los estudios sobre la caída de la natalidad en Argentina —que en la última década se redujo casi a la mitad— coinciden en señalar causas económicas (dificultades para acceder a la vivienda, precarización laboral, costo de la crianza), sociales (maternidad cada vez más tardía, cambios en los vínculos de pareja) y de autonomía reproductiva, antes que una supuesta crisis moral. También por la caída del embarazo adolescente gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). El acceso a la anticoncepción y al aborto legal aparece en esos análisis como un factor que permite posponer la maternidad de forma más segura, no como su causa. De hecho, el proceso de caída de la natalidad comenzó antes de la sanción de la IVE, en 2020.
Tampoco ayuda a la tesis de Villarruel la experiencia de los países que el libro toma como modelo, incluso con los propios datos que exhibe. El volumen presenta como modelos a imitar los de Hungría, Italia y Estados Unidos. Sobre Hungría, un capítulo asegura que “los abortos se han reducido de 80.000 en 1980 a menos de 24.000 en 2020” y que la tasa de fecundidad “aumentó de 1,23 en 2011 a 1,59 en 2020” gracias a los subsidios de Viktor Orbán. Lo que el libro omite es que, según cifras oficiales húngaras posteriores, esa tasa volvió a caer a 1,39 en 2024, y que buena parte de la suba previa reflejó nacimientos adelantados en el tiempo, no un aumento real de la fecundidad, pese a que Hungría destina cerca del 5% de su PBI a subsidios familiares, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Italia, el otro espejo natalista que recorre el libro, tiene hoy una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa pese a los incentivos fiscales del gobierno de coalición derechista.
Ese cruce entre natalidad y aborto es explícito en el libro. En la introducción, Isolina Correa Monterrubio, directora de Relaciones Internacionales del Senado, escribe que “la adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad”.
El primer capítulo, que retoma la conferencia “25 de marzo: Día del Niño por Nacer” —una actividad reaccionaria contra la ley del aborto—, es el que dedica más espacio a cuestionar puntualmente la ley 27.610. Un artículo firmado por Lorena Aguilar y Matilde Gagliolo, de la organización ultracatólica La Merced Vida, sostiene que la norma “restringe la capacidad de los profesionales de salud para explorar opciones alternativas o brindar un asesoramiento integral que contemple la continuidad del embarazo” y que ese marco normativo “se configura, de facto, como un incentivo estructural que favorece el aborto sobre otras posibles resoluciones”.
También tiene presencia en el libro Abel Albino, pediatra y fundador de la Fundación CONIN, que despliega su fórmula de siempre contra la desnutrición infantil: preservar el cerebro en los primeros mil días de vida, educar, y garantizar cloacas, agua corriente y luz eléctrica, todo envuelto en su estilo de prédica. Albino ya fue duramente cuestionado por sostener que el VIH “atraviesa la porcelana” y que el preservativo no protege de la transmisión. En febrero de 2024, en plena polémica por los alimentos retenidos en los galpones de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para distribuir mercadería a comedores, acuerdo renovado en junio de ese año.
El mismo texto cuestiona cómo se cumple en la práctica el consentimiento informado que exige la ley y concluye que “la implementación de la ley 27.610 ha difundido el acceso al aborto y no ha resuelto las carencias en el acompañamiento que la mujer con embarazo vulnerable necesita”. El artículo incluye además el testimonio en primera persona de Gagliolo sobre un aborto clandestino que atravesó a los 18 años, presentado como argumento central contra la ley vigente, y cita en su bibliografía los estudios de Vincent Rue y Priscilla Coleman sobre un supuesto “síndrome posaborto”, una hipótesis que ni la OMS ni las principales asociaciones de psiquiatría reconocen como diagnóstico clínico y que buena parte de la literatura científica considera sin sustento epidemiológico.
El cuestionamiento más extenso y técnico a la ley aparece en el artículo de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado, titulado “La protección jurídica de la persona por nacer en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Allí escribe: “Insólitamente, en el art. 3° del texto legal, con un epígrafe denominado ‘Marco normativo constitucional’, se citan diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos para justificar la sanción de la ley” 27.610, que —afirma— “legaliza el aborto a simple demanda”. El autor desmenuza además el artículo 4° de la norma, que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de invocar motivo, y sostiene que las excepciones previstas para después de esa fecha (riesgo de vida o de salud de la persona gestante) “en realidad habilitan el aborto de personas por nacer que son viables, sin límite de tiempo alguno”. Cierra el punto denunciando lo que llama “la utilización de un lenguaje deshumanizante” en el texto legal.
La adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad
Ese cuestionamiento legal desemboca en un capítulo de “iniciativas y proyectos” que propone crear una Defensoría de los Derechos del Niño por Nacer —inspirada explícitamente en la figura del Ombudsman for the Unborn Child de Polonia— y otras figuras de protección jurídica prenatal, con “experiencia internacional” tomada de Polonia, Hungría, Malta y El Salvador, cuatro de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. El mismo apartado dedica una sección a “iniciativas legislativas con antecedente internacional en la promoción de la natalidad” que, además de Hungría e Italia, incluye a Estados Unidos: cita como “marco legal provida” el fallo de la Corte Suprema estadounidense en Dobbs v. Jackson (2022), que anuló el derecho constitucional al aborto y devolvió su regulación a los estados, y afirma textualmente que “la Heritage Foundation, a través de su Project 2025, propone un modelo de gobernanza inspirado en Hungría, que incluye fortalecer la familia mediante reformas institucionales y educativas que prioricen valores tradicionales”.
El capítulo cierra con otra intervención de Villarruel, que retoman la fórmula del prólogo: “Emerge también la llamada ‘cultura de la muerte’, que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto (…) ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento (…) Es un mensaje terrible”.
El segundo capítulo, “Niñez, adolescencia y familia”, avanza sobre otro frente: la educación sexual integral y los tratamientos de identidad de género en adolescentes. Uno de los textos incluidos celebra el DNU 62/2025, el decreto con el que el Gobierno modificó la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o quirúrgicos de modificación corporal. La norma fue impugnada judicialmente por organizaciones LGBT+ y, este año, una Cámara Federal la declaró inconstitucional, aunque la discusión sigue sin resolución definitiva en instancias superiores.
El tercer capítulo, sobre adicciones, exhibe el contraste más marcado del libro entre contenido profesional y discurso ideológico. Conviven allí la mirada clínica del psiquiatra Federico Pavlovsky sobre el impacto de las pantallas y las apuestas online en adolescentes —con referencias a estudios de The Lancet y UNICEF— y una intervención del padre Ariel Solé, presidente de la Comisión de Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de La Plata, que enmarca el consumo problemático en una teoría conspirativa sobre una “guerra cognitiva”. En su exposición, Solé cita sin criticar un libro titulado El proyecto de la izquierda y el gran capital para describir lo que llama una “ingeniería social”: “Destrucción de las sociedades, y para esto hay que destruir la familia, imponer la ideología de género, promover inmigraciones descontroladas, sacar el sentido a la libertad. Hay que abortar, permitir matar; la muerte se hace natural, y el proyecto que impera es un proyecto de muerte y de destrucción”.
El cuarto capítulo, sobre trata de personas, es el más alejado en tono del resto: reúne a jueces, fiscales, referentes de la Iglesia y funcionarios del Ministerio Público que abordan el fenómeno con datos y un enfoque consensuado sobre prevención y asistencia a víctimas. Pero incluso allí reaparece el cruce con la agenda antiaborto: las conclusiones de Villarruel incorporan la subrogación de vientres como una forma de trata y cierran el libro con la misma premisa de “la vida desde la concepción”: “Un niño no es un producto (…), es un fin en sí mismo, un ser digno de amor, respeto y protección desde el momento de su concepción”.
MC
