Las severas desigualdades entre el nivel de facturación de los emprendimientos extractivos y el desarrollo económico real de los pobladores aledaños volvieron a situar bajo un duro foco crítico la política social del sector. Diversas organizaciones comunitarias y referentes del interior profundo advirtieron que la inserción laboral de los vecinos resulta marginal en los proyectos de la minería en Catamarca.
El punto de mayor conflicto se registra en los departamentos Belén, Tinogasta, Andalgalá y Santa María. Familias rurales y comunidades originarias señalan que, a pesar de las promesas oficiales de desarrollo territorial, las grandes operadoras continúan priorizando la contratación de personal técnico foráneo, relegando a la mano de obra local a puestos temporales de baja calificación en Catamarca.
A la precariedad en el acceso a puestos de trabajo registrados se suma el impacto negativo en la economía cotidiana de los pueblos. Comerciantes y vecinos denunciaron que la llegada de empresas contratistas provocó un desmesurado aumento en los costos de los alquileres y en los insumos básicos, encareciendo el costo de vida para quienes no pertenecen al circuito industrial.
De igual modo, la falta de respuesta estatal ante los pedidos de capacitación técnica especializada agrava la brecha laboral. Las pymes de las comunidades sostienen que las exigencias de homologación impuestas por las multinacionales terminan actuando como un filtro excluyente que ahoga a los proveedores del interior provincial.
Opacidad institucional y duros reproches a los organismos de contralor
Las críticas de los frentes sociales apuntaron directamente hacia la Secretaría de Desarrollo Minero por omitir la fiscalización del cupo de empleo local acordado por normativa. Cuestionan que las carteras gubernamentales no exijan a las compañías un porcentaje obligatorio de contratación efectiva ni la publicación transparente de sus nóminas de personal.
Asimismo, legisladores opositores criticaron la ausencia de obras de infraestructura básica financiadas con fondos de regalías en los municipios productores. Criticaron que el Estado provincial reciba desembolsos millonarios por la extracción de recursos minerales mientras las poblaciones originarias carecen de redes de agua potable, caminos consolidados y servicios sanitarios de complejidad.
La persistencia del desarraigo laboral y la falta de beneficios tangibles mantienen en estado de extrema alerta a las comunidades de la Puna. Ante la profundización de la brecha económica en los valles, los habitantes exigen la apertura de mesas de diálogo independientes para asegurar una verdadera licencia social en la minería en Catamarca.
Fuente: El Aconquija
