El pasado miércoles se presentó una denuncia penal en Fiscalía General por un posible delito en el que habrían incurrido el senador nacional Oscar Castillo y la intendenta de Ancasti, Blanca Reina, por la adquisición de una camioneta usada por parte de la jefa comunal al legislador. Es de señalar que ambos militan en la misma línea interna del radicalismo y forman parte del Frente Cívico y Social.
Orlando Cativa, patrocinador legal del senador por ese departamento Aldo Contreras, relató a “Cae El Telón”: “Acudimos a sede de Fiscalía General a los fines de formular la denuncia por la posible comisión de tres hechos delictivos en contra de la Administración Pública. Consideramos que las conductas de los funcionarios incursionan en tres tipologías penales, la de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación incompatible con ejercicios de la función pública, siendo ésta última la que habría estado incursionando Castillo”.
De acuerdo a lo expresado por Cativa, el 2 de septiembre se sancionó una ordenanza -la Nº 8/15- en el Concejo Deliberante, donde “se autorizó al Ejecutivo municipal a la adquisición de una camioneta usada, de marca Chevrolet, que tras las averiguaciones pertinentes se supo pertenecía a Castillo”.
Así, explicó que se lo individualizó en la denuncia “básicamente porque él, al ser funcionario electo, tiene una serie de imposibilidades de contratar por sí o por intermedio de terceros las administraciones municipales, que es este caso”. Asimismo, señaló la existencia de normativas que lo prohíben, tanto provinciales como nacionales.
Además, indicó que en el proyecto del Ejecutivo se pidió “específicamente que sea esa camioneta que, en teoría, pertenecería a Castillo”, aunque no implicaba que la haya adquirido un tercero y que éste no realizara el cambio de titularidad. Los elementos probatorios son dos instrumentos, “la copia de la ordenanza y la valuación fiscal emitida por Rentas, en la cual consta que el titular dominial es Castillo”. Contreras sospechó que no se llamara a concurso y proceso de licitación cuando “se direccionó la compra específica de este automotor para ser utilizado en la localidad de Ipizca”. “Se ha violentado, a nuestro entender, todo el sistema normativo de contratación provincial”, evaluó.
Desmentida
Desde la oficina de prensa de Castillo aclararon que la denuncia sobre la supuesta compra de la municipalidad de Ancasti “es absolutamente infundada y carece de toda veracidad, inscribiéndose ésta en la metodología de la mentira como recurso electoral”.
Asimismo, indicaron que el vehículo pertenece a Castillo, quien posee la titularidad y todos los documentos a su nombre, sin ponerse en venta en ningún momento y habiéndose cedido en calidad de préstamo al comité de campaña en agosto para sus actividades proselitistas.
