Ayer tomó estado parlamentario un proyecto de ley que prohíbe el cobro del plus médico y prevé sanciones económicas a los profesionales que cobren aranceles diferenciados; a la vez que propone que la infracción sea comunicada a los organismos impositivos fiscales para la intervención correspondiente.
La iniciativa, que es de autoría del diputado Rolando Crook, también establece que el dinero que se obtenga del pago de las eventuales multas sería destinado al Hogar de Ancianos.
Del texto del proyecto se desprende que la intención es evitar que sean los afiliados quienes terminen sufriento las consecuencias de los conflictos entre la obra social y los profesionales médicos.
Concretatamente, en caso de aprobarse y convertirse en ley el proyecto, los prestadores de la prestadores de la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep) estarán impedidos de exigir a los pacientes el pago de un plus en dinero o cualquier tipo de arancel fuera de las órdenes de consulta o práctiva. Incluso aún en los supuestos en que los profesionales registren atrasos o falta de pago por parte de la obra social.
A la vez, establece a modo de sanción que aquellos prestadores que incurran en transgresión a la prohibición establecida en la presente ley, cualquiera sea el importe o modalidad de
cobro del plus, serían pasibles de una sanción. La multa, según propone el proyecto, sería equivalente a “diez veces el valor del importe cobrado”.
En idéntico sentido, entiende, a los fines de la aplicación de ley propuesta y el cumplimiento de la sanción establecida, una vez comprobada de modo fehaciente la infracción, se comunicará a los respectivos colegios profesionales. Éstos deberán hacer efectiva la sanción mediante la retención del importe de sus respectivas facturaciones.
En los fundamentos del proyecto, el diputado señala que la prohibición del plus obedece a que representa una “acción constitucional”.
Al mismo tiempo, señala: “Se han hecho infinitas gestiones para evitar el cobro del plus e incluso se ha firmado un convenio pero los efectores o prestadores no lo respetan por la ausencia de sanción o por falta de una ley con suficiente coacción para imponerse”.
En todas sus partes, el proyecto señala la responsabilidad del profesional de la salud y la necesidad de que el paciente no deba pagar las demoras del pago de la obra social a la institución que los nuclea.
Los diputados deberán tratar la iniciativa, de manera que sea una herramienta más que intenta proteger el derecho de los afiliados.
