Un grupo de diputados del Frente Cívico y Social presentó un proyecto de ley para «regular» la propuesta que debe hacer el Ejecutivo provincial al Senado cuando se produce una vacante en la Corte de Justicia. Esta iniciativa se circunscribe en el debate por la ampliación de los miembros del máximo tribunal de la Provincia que se desarrolla en la Cámara baja. En ese sentido, el bloque opositor busca limitar las facultades que tiene el Ejecutivo para determinar los nombres de los candidatos a la Corte antes de que sean presentados al Senado, con la participación de ONGs y distintas organizaciones que podrán opinar de los preseleccionados antes de que se envíen sus pliegos a la Cámara alta.
El proyecto fue presentado por los diputados Carlos Molina, Miguel Vázquez Sastre y Paola Bazán y tiene como fin la reglamentación
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del artículo 149, inciso 18, de la Constitución de la Provincia, en el que se determina que el Gobernador «tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte de Justicia con acuerdo del Senado».
La iniciativa establece que, cuando se produzca la vacante en la Corte, en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos 2 diarios de circulación provincial, durante 3 días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en consideración por parte del Ejecutivo. En la publicación deberá agregarse una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, del cónyuge y de los de sus hijos menores de los propuestos. Además se deberá adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y comerciales que hayan integrado en los últimos 8 años, como así también los estudios de abogados a los que pertenecieron y, «en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses».
Así también, los diputados proponen que al momento de que el Ejecutivo tenga previsto presentar candidatos para la Corte, los preseleccionados deberán cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 202 de la Constitución Provincial». Este artículo de la Carta magna señala que «ningún miembro del Poder Judicial podrá intervenir en política, frecuentar casas de juego o de dudosa moralidad, firmar programa, exposiciones, proclamas, protestas u otros documentos de carácter partidario, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad de su cargo».
Otra novedad que propone este proyecto es que los ciudadanos en general, ONGs, colegios profesionales, entidades académicas podrán en el plazo de 15 días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial, presentar por escrito, de modo fundado y documentado, «las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto a los preseleccionados para ocupar un cargo en la Corte».
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en la iniciativa se establece que se deberá requerir opinión a la Facultad de Derecho de la UNCA, al Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados de la Provincia sobre los precandidatos del Ejecutivo.
Finalmente, 15 días después del vencimiento del tiempo establecido para la presentación de observaciones, el Ejecutivo deberá decidir si eleva la propuesta al Senado o no, argumentando los motivos.
En diálogo con Radio Ancasti, el diputado Carlos Molina expresó que se está de acuerdo con que «hay que reforma la Justicia y ampliar la constitución de la corte», pero consideró que «se tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser elegidos miembros».
«Tenemos que pensar que lo más importante son valores morales y la independencia que nos van a dar los miembros de la Corte. Tenemos que tener una corte independiente porque es el último escalón de la justicia», dijo.
