La polémica por el desplazamiento de los concejales electos del municipio de Bañado de Ovanta suma una nueva página en su historial judicial, ya que desde el fuero civil ordenaron al intendente Guaraz a pagar una suma superior a los trescientos mil pesos a los ediles damnificados.
El juez civil de Segunda Nominación, Martín Ever Acosta, remitió la notificación a los organismos municipales santarroseños -Concejo e Intendencia- para que se efectúe el reintegro de los fondos que les fueron negados a los concejales mientras duró su etapa «forzada” fuera del Concejo Deliberante.
En el documento -publicado incluso por la cuenta de Facebook del municipio con un descargo- se estipula que el Concejo Deliberante de la municipalidad de Bañado de Ovanta deberá pagar una suma de 334.946 pesos, más el 30% en el que se «calculan provisoriamente las acrecidas” o intereses, es decir casi 450 mil pesos.
Ahora el organismo deberá desembolsar la suma de dinero en un arreglo entre partes para pagar los sueldos no cobrados a los concejales y funcionarios que no pudieron trabajar en virtud de las decisiones tomadas por Guaraz y su hermana Esther, al suspender a los ediles, cerrar las puertas del Concejo -literalmente- y tomar juramento a los suplentes.
La orden del juez civil llega tiempo después de que la Corte de Justicia local se expidiera en un asunto similar. En su momento, los asesores letrados de los concejales realizaron una presentación ante los máximos magistrados argumentando que existió una intrusión del Poder Ejecutivo municipal en el Poder Legislativo.
A principios de marzo de este año, los jueces de la Corte hicieron lugar al recurso presentado y ordenaron que los concejales despojados de sus cargos retomen sus funciones y se desplace a los suplentes que asumieron en su lugar.
