El Tribunal de Cuentas dispuso la realización de una auditoría técnica, contable y jurídica en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o dependencias vinculadas. Es a partir de la denuncia iniciada por la diputada Paola Bazán (FCS) por supuestos hechos de corrupción en la Secretaría de la Vivienda en la que están involucrados Silvia Alejandra Quinteros, ex directora de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda, Jacqueline Elizabeth de Moreno, empleada pública con ejercicio de funciones en la misma dirección, y María Margarita Cisneros, socia gerente de RAF SRL. empresa proveedora de la Secretaría de la Vivienda por la presunta comisión de maniobras que podrían configurar el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
La medida fue tomada por el presidente Mardonio Rafael Díaz Martínez, la vocal subrogante Rosa Ana Arzurmendi y el vocal Víctor Villarroel. Para ello dispuso un equipo interdisciplinario que tendrá a su cargo la planificación y ejecución y estará integrado por un contador, un abogado y un arquitecto, a quienes se faculta para «requerir de los organismos intervinientes, los antecedentes, informes y documentación que resulten necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos”. Se establece un plazo de 30 días, aunque la auditoría podría extenderse un poco más porque la Justicia ya secuestró más de 24 cajas de documentación relativa a las contrataciones realizadas con RAF.
