Tal como sucedió con el Gas, el Gobierno anunció ayer que apelará la medida de la jueza y deberá ser resuelta la cuestión por la Cámara Federal y, posiblemente y en un paso posterior, por la Corte Suprema de Justicia.
Según el fallo, la medida alcanza a «todas las distribuidoras del país» y fue adoptado en función de los «exorbitantes y desproporcionados» aumentos verificados en las boletas de electricidad.
Los recursos de amparo fueron deducidos por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS) -la misma entidad que logró frenar el tarifazo en el gas- y la Asociación de Consumidores Argentinos.
La jueza Forns aclaró que el pronunciamiento «en modo alguno significa adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión» y explicó que adoptó esa medida ante la ausencia del «requisito constitucional» de la audiencia pública previa.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, al hacer lugar a recursos de amparo presentados por entidades de usuarios.
La magistrada dijo que las distribuidoras «no deberán emitir facturas» con el ajuste y si lo hacen tendrán que otorgar una nota de crédito a favor de los clientes.
«Las subas tienen que ser moderadas, el ministro (Juan José Aranguren) dijo que el aumento fue gradual, pero el aumento no está al alcance del usuario», consideró.
La magistrada advirtió a las empresas que si cortan el servicio eléctrico por falta de pago, podrían enfrentar multas y hasta ser denunciadas por desobediencia.
CAMMESA, la compañía encargada de la distribución mayorista del servicio eléctrico, confirmó que aceptará el fallo y ordenará a las firmas Edenor y Edesur y al resto de las empresas del país que no apliquen los aumentos.
