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El juicio por los fusilados de 1956 acusa al Estado de lesa humanidad: un embajador de Milei es nieto de uno de los acusados

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15 de junio de 2026

En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.

El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.

Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.

“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.

Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín.

Desiderio Argentino Fernández Suárez, el jefe policial era un teniente coronel retirado, muy cercano a Aramburu. Murió en 2001.

Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplimático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.

La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”

El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.

El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE.

El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.

Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.

El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.