Una fuerte disputa territorial e institucional se desató en el oeste provincial en torno a la delimitación de un proyecto minero en Catamarca. Las autoridades municipales, legislativas y las comunidades originarias de Antofagasta de la Sierra formalizaron un enérgico rechazo ante la Secretaría de Minería contra la solicitud presentada por la senadora departamental de Belén, Soledad Blas, quien pretendía incorporar a su jurisdicción como área de influencia directa dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del yacimiento de litio Kachi.
El pedido de la legisladora belicha generó un inmediato malestar en las poblaciones puneñas durante el desarrollo de la audiencia pública. Frente a esta situación, el intendente antofagasteño Mario Cusipuma sentenció que la prioridad territorial no está en discusión y confirmó la presentación de recursos administrativos conjuntos entre el Ejecutivo municipal, la senadora departamental Marisol Soriano y la comunidad de El Peñón para blindar los derechos del distrito.
Desde el plano normativo, la senadora Soriano fundamentó la oposición señalando que la legislación ambiental y los preceptos constitucionales determinan con claridad que el área de influencia directa corresponde estrictamente al sitio donde se emplaza el recurso extractivo. En tal sentido, la legisladora remarcó que todos los estudios de impacto y monitoreos se ejecutan sobre la cuenca de Carachi Pampa, descartando la proximidad geográfica con Belén.
Las autoridades puneñas aclararon que el planteo de resguardo no pretende bloquear la contratación de operarios de otros puntos provinciales, sino fijar un esquema prioritario e ineludible de empleo local. Cusipuma explicó que las comunidades locales de El Peñón y Carachi Pampa deben tener preferencia absoluta en las convocatorias laborales y provisión de servicios antes de abrir cupos para el resto de los departamentos.
Empleo local, Declaración de Impacto Ambiental y tensiones por el proyecto minero en Catamarca
En su análisis de la demanda laboral, el jefe comunal admitió que por cuestiones demográficas la mano de obra disponible en Antofagasta de la Sierra cubrirá cerca del 15% del total requerido por el emprendimiento Kachi. Sin embargo, ratificó que una vez agotada la disponibilidad de trabajadores del departamento se habilitará la llegada escalonada de personal de Belén, Fiambalá, Tinogasta y demás zonas.
La controversia territorial expone las crecientes tensiones políticas que suscita el reparto de los beneficios y pasivos derivados de la explotación del litio. Las comunidades antofagasteñas exigen que los organismos provinciales respeten de forma irrestricta la autonomía territorial y eviten resoluciones administrativas que diluyan el impacto socioeconómico en los pueblos donde efectivamente se asientan las faenas industriales.
La disputa abierta por la DIA de Kachi reaviva el debate sobre la regulación de cada proyecto minero en Catamarca. Con presentaciones formales radicadas en las oficinas de Minería y el rechazo unánime de los pobladores de El Peñón, las autoridades gubernamentales provinciales enfrentan la exigencia de emitir un dictamen técnico riguroso que ratifique los límites ambientales y resguarde los derechos de las comunidades originarias.
Fuente: El Aconquija
