La estrategia discursiva del Poder Ejecutivo que promociona avances productivos e inversiones contrasta con el deterioro generalizado de los servicios públicos en Catamarca. Mientras los comunicados oficiales justifican la postergación y unificación del calendario electoral bajo el argumento de ahorrar fondos para invertirlos en escuelas y hospitales, la realidad cotidiana exhibe un entramado de áreas esenciales desbordadas y reclamos ciudadanos desatendidos en todo el territorio.
El frente sanitario refleja el punto más crítico de esta distancia entre la retórica gubernamental y la gestión efectiva. La separación forzada de una psicóloga del Hospital Interzonal San Juan Bautista tras denunciar el colapso del área y la muerte de una paciente que permaneció ocho horas desatendida en la guardia dejó al descubierto un sistema con apenas catorce camas de internación psiquiátrica y sin especialistas de guardia durante los días hábiles.
En paralelo, la estructura económica formal se desmorona al compás de trece meses consecutivos de caída del trabajo registrado, devolviendo la ocupación a los niveles de 2014. Frente a este retroceso, la respuesta oficial consistió en ofrecer créditos bancarios por 500 millones de pesos cargados de trabas burocráticas en Hacienda, mientras la industria textil mantiene el 60% de sus máquinas apagadas y los prestadores del interior enfrentan boletas de luz millonarias.
A esta asfixia se suma la controversia generada por Energía Catamarca SAPEM al objetar judicialmente las tasas municipales en las facturas, omitiendo que la propia distribuidora traslada a los usuarios cargos cuestionados como la ocupación del espacio aéreo. El impacto de los tarifazos eléctricos golpea tanto a comercios como a familias en un contexto donde la mitad de los asalariados percibe sueldos inferiores a 1.385.000 pesos.
Disparidad presupuestaria, tensión social y marchas contra el Ejecutivo
El desbalance en la asignación de recursos públicos expone las prioridades del gobierno encabezado por Raúl Jalil. Al tiempo que se restringen las partidas para dotar de móviles a las comisarías de Valle Viejo y brigadistas para combatir 51 incendios forestales en diez días, el oficialismo condonó una multa cercana a los dos mil millones de pesos a la contratista que abandonó el gasoducto Lavalle con apenas el 3,9% de avance de obra.
La tensión comunitaria se agrava en el interior provincial con el envío de efectivos policiales para hostigar a la Comunidad Indígena Peñas Negras ante el avance extractivo, reclamo que llegó al propio Congreso de la Nación. Esta respuesta punitiva sobre las poblaciones rurales, sumada a los vetos salariales en las comunas y la pérdida de poder de compra de los estatales, impulsó la convocatoria a la Marcha de la Bronca prevista para el 19 de septiembre.
La simultaneidad de los conflictos laborales, sanitarios y ambientales desnuda la fragilidad que atraviesan los servicios públicos en Catamarca. Con una administración que prioriza concesiones a grandes firmas sobre las demandas urgentes de la comunidad, los distintos sectores sociales confluyen en reclamos abiertos para frenar el ajuste operativo y exigir respuestas efectivas ante la parálisis de la obra pública y el abandono estatal.
Fuente: El Aconquija
