El pronunciamiento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó una inmediata polémica institucional en torno a las tasas municipales en Catamarca. Tras el fallo del máximo tribunal que fijó límites estrictos a los tributos locales, la distribuidora Energía Catamarca SAPEM difundió un análisis técnico donde advierte que los municipios deben acreditar la prestación efectiva, concreta e individualizada de cada servicio para poder justificar los cobros cargados a los contribuyentes.
De acuerdo con el documento de la empresa estatal, la resolución judicial prohíbe asimilar estas percepciones a impuestos generales. En ese marco, la prestataria remarcó que las intendencias están obligadas a demostrar fehacientemente las tareas de alumbrado público, barrido, limpieza o inspección, sentenciando que, si la contraprestación no existe o carece de justificación documental comprobable, la exigencia del tributo pierde toda validez de causa legal.
Asimismo, la distribuidora puso el foco en el rechazo a fórmulas vagas y conceptos residuales empleados para engrosar los ingresos locales. El criterio judicial exige además que el monto liquidado guarde una estricta proporcionalidad con el costo real del servicio prestado, con el fin explícito de evitar que los recargos funcionen como mecanismos encubiertos de recaudación generalista que encarezcan artificialmente las tarifas que pagan los usuarios.
No obstante, la postura adoptada por la empresa provincial desató críticas inmediatas por sus contradicciones de gestión. Diversos sectores recordaron que la propia EC SAPEM arrastra severos cuestionamientos por incluir en las facturas residenciales la controvertida tasa de ocupación del espacio aéreo, un ítem de infraestructura que corresponde solventar a la distribuidora y que históricamente fue trasladado a los bolsillos de los vecinos.
Contradicción en las boletas, sospechas de cajas negras y silencio en el Ejecutivo
La postura pública de la empresa provincial desnudó una controversia que involucra al gobierno de Raúl Jalil. Mientras el organismo estatal exige transparencia técnica a las comunas para frenar lo que califica como cajas negras recaudatorias, el oficialismo mantiene silencio sobre las abultadas percepciones que engrosan las facturas eléctricas mensuales, las cuales alcanzaron cifras millonarias en los departamentos del interior.
Para los usuarios y comerciantes, resulta paradójico que la firma energética invoque fallos federales sobre razonabilidad de costos mientras los hogares sufren cortes y tarifazos sin auditorías públicas independientes. Diversas cámaras productivas remarcan que las intendencias y la provincia utilizan el soporte de la factura de luz como una vía rápida de cobro compulsivo, eludiendo la fiscalización de las partidas percibidas.
La discusión desatada tras la sentencia de la Corte Suprema interpela el esquema impositivo de las tasas municipales en Catamarca. Con intendencias acusadas de aplicar tributos sin justificación operativa y una empresa eléctrica provincial que objeta a los municipios mientras cobra conceptos discutidos en sus boletas, los contribuyentes exigen una revisión integral de las facturas para frenar la presión fiscal sobre la ciudadanía.
Fuente: El Aconquija
