La radicación de grandes emprendimientos extractivos en la cordillera transformó la vida de las comunidades en Catamarca. Mientras los despachos oficiales y las empresas presentan la actividad como el motor excluyente del desarrollo provincial, los pobladores de los departamentos del oeste enfrentan una realidad signada por el encarecimiento desmedido de los alimentos, la saturación de los servicios básicos y una marcada división del tejido social en los valles de altura.
El principal desequilibrio económico surge de la convivencia entre dos realidades salariales contrapuestas dentro de un mismo territorio. Las empresas mineras y las grandes contratistas abonan remuneraciones que duplican o triplican los ingresos promedio de los trabajadores estatales, docentes y peones rurales, provocando una escalada inflacionaria local que eleva alquileres, combustibles y artículos de primera necesidad a valores inalcanzables para la mayoría de los vecinos.
A la distorsión del costo de vida se añade el deterioro acelerado de la infraestructura vial y los servicios públicos. El constante tránsito de camiones de gran porte y maquinaria pesada destruye las calzadas provinciales y caminos comunales, mientras las salitas sanitarias rurales y los puestos asistenciales no reciben refuerzos presupuestarios acordes para atender el incremento de demanda que genera el personal foráneo de los obradores.
El impacto sobre las actividades productivas tradicionales representa otro punto de máxima tensión en el interior. La absorción de mano de obra joven en regímenes laborales de campamento provoca el abandono progresivo de la cría de ganado menor, la agricultura bajo riego y la confección artesanal, reemplazando economías familiares autosuficientes por una dependencia absoluta de contratos transitorios que culminan cuando el yacimiento agota sus reservas.
Falta de infraestructura básica y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
La disparidad entre los recursos extraídos y la precariedad de los pueblos reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia el gobernador Raúl Jalil. Las organizaciones territoriales fustigan que el Ministerio de Minería provincial exhiba acuerdos comerciales mientras las poblaciones aledañas carecen de redes de agua potable continua, cloacas y energía estable, evidenciando que las regalías mineras no se traducen en obras estructurales para las localidades directamente afectadas.
A este atraso en obras se suma la falta de diálogo institucional y el incumplimiento reiterado de las consultas previas e informadas. Comunidades originarias y asambleas ambientales denuncian que los organismos oficiales ignoran sus planteos sobre la merma de agua en vegas y acequias, respondiendo con trabas administrativas o persecución policial cuando los pobladores reclaman frenar perforaciones inconsultas en sus territorios históricos.
El modelo extractivo actual evidencia la deuda pendiente que arrastra la provincia con las comunidades en Catamarca. Con pueblos que asumen los costos ambientales y la inflación local sin acceder a mejoras reales en salud, educación o vivienda, los habitantes del interior exigen al Gobierno políticas públicas urgentes que defiendan las economías tradicionales y garanticen una verdadera distribución de la renta en las zonas productoras.
Fuente: El Aconquija
