Luego de que la semana pasada, en la Justicia federal, los concejales Roque Moreno y Héctor Guanco, asesorados legalmente por Fernando Contrera, denunciaran al intendente Omar Soria por supuestas irregularidades en la instalación de un puente férreo en el ingreso al balneario de la Villa de Concepción (Capayán), fue el propio jefe comunal de Huillapima quien salió al cruce de esta denuncia.
En tal sentido, en diálogo con El Esquiú.com, Soria explicó que «las denuncias son por un tema político, no hay otro motivo. Si me dicen que hice mal al colocar el puente por el cual hace más de 30 años que no pasa el tren y tampoco tenemos esperanzas de que pase el tren”.
«Es un bien del Estado, nosotros qué hicimos, lo llevamos al bien público. No es que lo hayamos sacado y lo hayamos tirado”, expresó.
A su vez, destacó que «me siento orgulloso de esta obra porque va a ser importante para el pueblo y un beneficio turístico”.
Asimismo, Soria manifestó que «si tengo que ir preso por algo, que sea por algo importante que haya hecho por la comunidad, no como ellos que han tenido la oportunidad de hacer obras y han robado la plata”.
En otro orden de cosas, el intendente de Huillapima mencionó que «estoy a disposición de la Justicia”.
Por otra parte, explicó que meses atrás se reunió con gente del ferrocarril para dialogar sobre el puente y el traslado.
Finalmente, Soria criticó a los concejales al señalar: «Me acuesto y me levanto pensando qué voy a hacer por la comunidad, ellos –por los ediles- se acuestan y se levantan pensando qué mal me van a hacer a mí, pero que no me hace mal a mí, sino a la gente”.
Recordemos que los concejales denunciaron a Soria por la colocación del puente férreo, el cual no cuenta con la autorización correspondiente.
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Además, que no se garantizaba la seguridad de la obra, más aún por las supuestas falencias encontradas en el proyecto.
En este sentido y según consta en el documento de la presentación judicial, los concejales acusan al intendente por los posibles delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, entre otros delitos que el Ministerio Público considere pertinentes.
