La distribución de los fondos que llegan a cada una de las provincias a través de la coparticipación es materia de análisis por parte del gobierno nacional como por cada gobernador.
Sucede que los mandatarios cuentan con dichos recursos para administrar sus correspondientes provincias. Por ello, nación busca reformar la ley en pos de avanzar con un «reparto más equitativo”.
En esta línea lo postula el diario La Nación, en una nota cuyo título afirma que se modificará la distribución de los recursos.
El matutino citado apunta que «el gobierno avanza con una reforma de la ley de coparticipación federal que contemple un reparto más equitativo de los fondos que recauda el Estado”.
Según este, aun con la complicación de modificar la normativa que establece los índices del reparto y que necesita del acuerdo de todas las provincias, el plan de nación para materializar el cambio a la distribución viene con una propuesta bajo el brazo: «Ninguna tendrá que ceder un solo peso”.
De acuerdo al medio, el plan que puso en marcha un equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, «tiene como premisa que ningún protagonista pierda”.
A la vez, postuló que ese será el principal argumento de la Casa Rosada para convencer a los gobernadores, a quienes se convocó para el 2 de febrero «con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una reforma impositiva integral y las paritarias”.
Frigerio, titular de la cartera del Interior, indicó al medio citado que «tenemos que tener un acuerdo con las provincias no sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país, sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir este año una nueva ley de coparticipación”.
Por otra parte, pese a que se apuntó a no tocar «un peso”, insistiendo en que «ninguna provincia perderá los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación”, el matutino acota la aclaración del gobierno: «Pero deberán mejorar sensiblemente la administración de los recursos”.
La propuesta es «utilizar la metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser consensuado”.
Esto se traduce en un cálculo sobre lo que cada provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo.
«La diferencia entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación”, explica el periódico.
En tanto, indica que la Administración Nacional les presentará a los mandatarios los ítems de recaudación para el reordenamiento «con la nueva ley” y a la vez, que «la nueva norma se actualice sola”.
«En el gobierno son conscientes de que será complicado generar consensos en un año electoral; el plazo para llevar un nuevo marco regulatorio al Congreso es de entre 12 y 18 meses”, explicita La Nación.De acuerdo al subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, «el objetivo de máxima para este año es tener en el Congreso un proyecto consensuado. Este esquema no va más. El objetivo es terminar con los parches; las provincias tienen que gastar de forma más eficiente”.
Corpacci, en «sintonía” con el gobierno
El matutino apunta a la relación de los caciques provinciales con la administración nacional. Divide a los mandatarios en tres grupos: «Malestar y desconfianza”, «relación fluctuante” y «buena sintonía”.
En el primero se encontrarían Carlos Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). En el segundo ubica a el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el de Chubut, Mario Das Neves y el de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
En «sintonía” se encuentran Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Claudia Zamora (Santiago del Estero), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros.
