La aclaración corrió por cuenta de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, creada por la Corte Suprema y a cargo de los camaristas federales Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun.
«No ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información», indicó el comunicado difundido por el Centro de Información Judicial.
Dentro de este organismo funciona la oficina de Captación de Comunicaciones, con las funciones que fueran transferidas por decreto 256/2015.
Originariamente, esa tarea de interceptación era realizada por la Oficina de Observaciones Judiciales -conocida como Ojota- de la ex Secretaría de Inteligencia, pero en 2014 la expresidenta Cristina Kirchner la transfirió desde ese ámbito y se la entregó a la Procuración General, encabezada por Alejandra Gils Carbó.
El 29 de diciembre de 2015, el presidente Macri, mediante un decreto, entregó las escuchas telefónicas, que siempre se realizan con orden judicial, a la órbita de la Corte, que creó la nueva Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.
El decreto 256/2015 determina que la Corte Suprema «será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones y captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente».
