La Argentina logró un respaldo clave en la batalla legal contra los tenedores de bonos llamados los fondos buitre que no ingresaron al canje de deuda: el gobierno de los Estados Unidos presentó ante la Corte Suprema de su país un escrito para apoyar la postura de la administración de Cristina Kirchner en una de las múltiples causas que enfrenta contra los holdouts.
A través de un escrito que lleva la firma del fiscal general del Estado, Donald Varrilli, la gestión de Barack Obama se presentó en el caso «Discovery Mundial» para reclamar que no se revele la información de los activos argentinos en el exterior que pueden ser embargados para cobrar la presunta deuda que la Argentina tiene con el fondo NML, entre otros.
«Las órdenes podrían interrumpir la resolución ordenada de tales crisis y de que fueron inconsistentes con la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act o FSIA) y con el bien establecido entendimiento de la cláusula pari passu que aparece en los bonos», señala el documento que fue presentado por el gobierno norteamericano en calidad de amicus curiae (amigo de la Corte en latín), un recurso que habilita a terceros a dar una opinión en una causa judicial.
Un punto relevante del escrito es que el gobierno norteamericano se refirió también en ese escrito a la causa que debe definir sobre la cuestión de fondo, la interpretación de la cláusula pari-passu. Ella establece que todos los tenedores de bonos deben ser «tratados igualitariamente». Mientras la Argentina considera que eso significa ofrecer a los holdouts el mismo acuerdo que propuso a quienes entraron al canje en la reestructuración de deuda, los tribunales inferiores de los Estados Unidos consideraron que en realidad debe interpretarse en el sentido de garantizar el pago completo de lo acordado.
En un breve apartado del documento – que consta de que consta de 33 páginas y 36 de apéndices – la administración de Obama se mostró próximo a la interpretación argentina y recordó que los jueces anteriores «rechazaron la posición de los Estados Unidos como amigo de la Corte, de que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda soberana».
