
La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, debe definir con respecto de la continuidad laboral de Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda, los empleados legislativos que denunciaron penalmente al diputado provincial Javier Galán (MID) por hechos de abuso sexual, exacciones ilegales, amenazas y peculado de servicio.
El bloque del MID, que preside Fernando Baigorrí, pidió que ambos empleados, que oportunamente fueron designados como asesores en la oficina de Javier Galán, fueran dados de baja y reemplazados por otras personas. El pedido se realizó luego de que ambos empleados denunciaran penalmente a Galán por distintos hechos que la Justicia aún trabaja para corroborar. La definición está en manos de la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, quien debe determinar si hace lugar al pedido del bloque opositor.
La semana pasada, el presidente del bloque MID, Fernando Baigorrí, explicó que debió firmar la nota para solicitar la baja de Luna Avellaneda y aseguró que era «una cuestión muy puntual». Para el diputado, «se está utilizando políticamente el caso, incluso anticipando posiciones sobre un eventual desafuero que nunca llegó a la Cámara».
En esa línea, sostuvo que las denuncias judiciales deben ser investigadas, pero lamentó que «hay sectores que buscan corrernos de la cancha porque fuimos una de las pocas fuerzas que se presentó sin grandes aportes económicos ni alianzas y obtuvimos buenos resultados en las elecciones». «Existe una animosidad política evidente», dijo.
Para Baigorrí, lo que ocurre con su compañero de bloque, Javier Galán, se utiliza para desviar la atención de otros problemas urgentes. «Se habla solo de este tema y se dejan de lado cuestiones como la inflación, los recortes en salud y educación o las marchas de los becados y autoconvocados. Es lo mismo que pasa a nivel nacional con el caso Adorni, que tapa debates más importantes», cuestionó y consideró que «la gente percibe que se está sobreusando el tema para no hablar de lo que realmente importa».
Baigorrí también cuestionó la credibilidad de la Justicia provincial, al asegurar que «desde el caso Rojas para acá, la sociedad tiene un descreimiento total de la Justicia». En tal sentido, destacó «el apoyo constante que recibe Galán en las redes, donde se cuestiona la imparcialidad de los jueces».










