“La iniciativa busca visibilizar las fallas en los mecanismos de cumplimiento y exigir alternativas legales más eficaces a la Justicia para evitar la mora por parte de los progenitores”. Con esa premisa, María Fernanda Mendieta, vecina de San Fernando del Valle de Catamarca, impulsó una convocatoria pública dirigida a madres y padres que atraviesan dificultades con el cobro de los gastos extraordinarios fijados por sentencia en juicios por cuota de alimentos.
Mendieta aclaró que su planteo no apunta contra el pago de la cuota alimentaria mensual, sino contra la falta de depósito del 50% de erogaciones eventuales pero indispensables como la matrícula escolar, la indumentaria, los insumos médicos o los viajes de estudio. Precisó, además, que esos desembolsos “cuentan con la debida facturación o comprobante”.
Si bien existe una sentencia firme que reconoce ese derecho, la impulsora sostuvo que la falta de pago oportuno “genera una rueda de endeudamiento y una desvalorización del dinero a causa de la inflación, obligando a las progenitoras a asumir de manera unilateral la totalidad del gasto”. La demora vuelve crónica una carga que debería ser compartida.
Desde Catamarca, Mendieta remarcó “la carga económica y el desgaste emocional que implica contratar representación legal para judicializar cada incumplimiento individual”. Cada factura impaga se convierte en un nuevo expediente que vuelve a postergar la solución de fondo y obliga a las madres a afrontar en soledad gastos que ya tienen respaldo documentado.
El costo de judicializar cada incumplimiento en Catamarca
Para descomprimir ese circuito, la vecina de la capital catamarqueña sugirió evaluar herramientas que ya funcionan en otras jurisdicciones. “Existen herramientas implementadas en otras jurisdicciones —como la suspensión de la licencia de conducir— que podrían evaluarse para desincentivar la mora, evitando así un trajín judicial permanente hasta la mayoría de edad de los hijos”, explicó. La propuesta apunta a que el incumplimiento tenga consecuencias concretas sin necesidad de abrir una causa nueva por cada vencimiento.
Lejos de cualquier señalamiento personal, Mendieta enfatizó que la convocatoria “no busca realizar escraches ni demonizar a la otra parte, sino construir un espacio de diálogo para aportar propuestas legislativas o judiciales que protejan el bienestar de las infancias”. La idea es sumar voces para que la respuesta de la Justicia no se agote en la firma de una resolución, sino que garantice mecanismos de cobro efectivos y oportunos.
En Catamarca, el reclamo se da en un contexto donde otras provincias ya avanzaron con legislación para deudores alimentarios, como el bloqueo de la licencia de conducir o la imposibilidad de acceder a cargos públicos. Mendieta confía en que la visibilización del problema y el intercambio de experiencias entre familias que atraviesan la misma situación puedan traducirse en iniciativas concretas para la provincia.
Quienes quieran sumarse a la iniciativa y compartir sus experiencias pueden comunicarse al teléfono 387-2205447. El objetivo de fondo es transformar un derecho reconocido en el papel en un cobro efectivo que llegue a tiempo, antes de que la inflación licúe el valor de cada gasto y la carga recaiga otra vez sobre una sola de las partes.
Fuente: El Aconquija
