“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.
La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.
Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.
Para pagar gastos esenciales
El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.
Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.
Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.
“Acuerdo entre privados”
Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.
Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.
Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.
La abogada laboralista Tamara Bezares señala a los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.
Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.
Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.
Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.
