El ritmo acelerado de los emprendimientos extractivos en la cordillera instaló una profunda discusión técnica y comunitaria sobre el consumo de agua minera en Catamarca. Organizaciones territoriales, productores ganaderos y especialistas en hidrología alertan sobre el retroceso en los niveles freáticos de los salares, advirtiendo que el bombeo ininterrumpido de salmuera y agua industrial pone en riesgo la subsistencia de los ecosistemas de altura y las vertientes utilizadas por poblaciones rurales.
El eje de la controversia radica en la dinámica de las cuencas endorreicas de la Puna, sistemas cerrados donde las precipitaciones son mínimas y los reservorios subterráneos poseen carácter fósil. Pobladores de parajes aledaños a los salares denuncian una progresiva desecación de las vegas y bofedales, humedales esenciales que aportan pastura para los rebaños de camélidos y constituyen el principal amortiguador biológico frente al avance de la aridez andina.
A este fenómeno se suma la advertencia de geólogos sobre la modificación de la interfaz hidroquímica subterránea. Al bombearse millones de litros diarios de salmuera para su evaporación en playones o procesamiento industrial, se altera el gradiente hidráulico natural, lo que genera el riesgo de que fluidos de alta concentración salina migren hacia los acuíferos de agua dulce superficial, inutilizando de forma irreversible los ojos de agua que abastecen a las comunidades originarias.
Desde las empresas operadoras afirman que los proyectos implementan tecnología de monitoreo continuo y circuitos de recirculación que reducen la huella hídrica. Sin embargo, peritajes independientes insisten en que la salmuera es parte integral de la estructura hidrológica del salar y que su remoción masiva rompe el equilibrio hídrico, derivando en hundimientos superficiales del terreno y el agotamiento de fuentes de recarga que demoran miles de años en regenerarse.
Estudios aislados, falta de balance acumulativo y pasividad gubernamental
La falta de una fiscalización ambiental consolidada expone las contradicciones de la administración de Raúl Jalil. Diversos colectivos ciudadanos cuestionan que el Ministerio de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente aprueben Declaraciones de Impacto Ambiental de manera individual para cada empresa, evitando realizar estudios hidrogeológicos acumulativos por cuenca completa que midan el impacto combinado de los múltiples proyectos radicados en un mismo territorio.
Esta carencia de auditorías estatales autónomas deja a las comunidades sin datos certeros sobre el volumen real de extracción volumétrica que registran los pozos industriales. Representantes de los pueblos puneños señalan que los organismos públicos convalidad informes elaborados por consultoras de las propias compañías, marginando la participación de las asambleas locales en los comités de cuenca y desoyendo los fallos judiciales que exigen evaluaciones ambientales estratégicas previas.
La preservación de los salares y las vegas cordilleranas marca un punto de inflexión respecto al consumo de agua minera en Catamarca. Con vertientes que muestran signos de reducción y un modelo extractivo en plena expansión, la sociedad exige al Poder Ejecutivo que suspenda la entrega discrecional de permisos de explotación hídrica y priorice la seguridad ambiental de las cuencas para evitar un daño irreparable en la Puna catamarqueña.
Fuente: El Aconquija
