El almacenamiento de despojos industriales y el tratamiento de efluentes químicos en los yacimientos del interior provincial generaron renovados cuestionamientos ambientales. Diversas comunidades y agrupaciones ecologistas exigieron auditorías independientes para verificar el estado de los diques de colas y frenar los riesgos derivados de los residuos contaminantes de la minería.
Las mayores observaciones se concentran en las cuencas hídricas cercanas a los proyectos extractivos en Catamarca, donde se depositan miles de toneladas de estériles y soluciones ácidas. Los pobladores advirtieron que las filtraciones subterráneas amenazan con alterar la calidad de las napas freáticas y los cauces que abastecen de agua para consumo y riego a los pobladores de la Puna.
A este escenario de preocupación ambiental se suma la falta de información pública sobre los planes de cierre de mina y la disposición final de los lodos pesados. Los vecinos denuncian que las empresas operadoras acumulan materiales peligrosos en piletas al aire libre, expuestas a las inclemencias climáticas y al viento de alta montaña.
Ante las reiteradas denuncias, dirigentes opositores y representantes comunitarios reclamaron la intervención inmediata del Ministerio de Minería y de la Secretaría de Medio Ambiente. Exigen la instalación de estaciones de monitoreo continuo para controlar el nivel de metales pesados en los ríos provinciales.
Falta de fiscalización e intensos reproches por los residuos contaminantes de la minería
Las principales críticas de la sociedad civil se dirigieron hacia los organismos de control del Gobierno provincial por la escasa frecuencia de las inspecciones de campo. Cuestionan que las reparticiones oficiales validen los informes de impacto ambiental elaborados por las propias empresas sin realizar contraensayos de laboratorio independientes sobre el suelo y el agua.
De igual manera, referentes ambientales reprocharon la ausencia de un fondo de garantía ambiental que asegure la remediación de las áreas afectadas en caso de contingencias o pasivos mineros abandonados. Criticaron que el Ejecutivo priorice la expansión de la frontera extractiva mientras omite sancionar el incumplimiento de las normativas vigentes sobre efluentes industriales.
La falta de respuestas oficiales incrementa la conflictividad social en los valles y zonas de cordillera. Ante la amenaza de contaminación permanente de los recursos naturales, la ciudadanía exige inspecciones urgentes y sanciones para contener el peligro de los residuos contaminantes de la minería.
Fuente: El Aconquija
