
El Gobierno de Catamarca avanza con un procedimiento de mensura minera sobre 2.500 hectáreas en el departamento Belén, sin identificar públicamente a los propietarios de los terrenos comprendidos. El expediente corresponde a la mina AR N 44 Alto Huasi, cuyo concesionario es Jorge Pablo Sanz Baroni. Según información a la que accedió El Aconquija, la Autoridad Minera provincial habilitó la publicación de edictos para que quienes consideren afectados sus derechos puedan presentar oposiciones.
El procedimiento vuelve a poner bajo discusión una cuestión delicada: cómo se garantiza el derecho de propiedad cuando el Estado publica actuaciones sobre grandes extensiones territoriales sin precisar quiénes son los titulares de las tierras. El edicto identifica la mina, su concesionario y las coordenadas geográficas, pero no menciona padrones inmobiliarios, propietarios registrales ni antecedentes dominiales de las superficies involucradas.
La documentación corresponde al expediente EX-2021-01110511-CAT-SGAM#AM y al expediente judicial 87/2020. El Departamento de Catastro Minero y Geomática consideró gráficamente viable la petición de mensura. La Autoridad Minera dispuso publicar los edictos los días 17, 20 y 24 de noviembre, con un plazo de quince días posteriores a la última publicación para formular oposiciones.
La mensura minera no constituye por sí misma una expropiación ni autoriza automáticamente a ocupar propiedades particulares. Sin embargo, el procedimiento plantea un problema concreto: cómo puede enterarse un propietario de que existe una actuación minera vinculada con su campo si la publicación no menciona su nombre, el padrón de su inmueble ni otros datos que permitan identificarlo fácilmente. Tampoco surge del edicto si existen propietarios privados dentro del área ni cómo fueron notificados.
Las advertencias de Javier Galán sobre la propiedad privada
La situación coincide con las advertencias formuladas el miércoles 18 de noviembre por el diputado Javier Galán durante una sesión de la Cámara de Diputados de Catamarca, donde cuestionó las iniciativas expropiatorias sobre tierras de Hualfín y Los Nacimientos. El legislador sostuvo que la provincia viene atravesando una sucesión de expropiaciones y reclamó mayor respeto por los derechos de los propietarios catamarqueños.
Galán también señaló la contradicción entre las iniciativas expropiatorias provinciales y el compromiso de respeto a la propiedad privada asumido por el gobernador Raúl Jalil junto al presidente Javier Milei. Además, reclamó escuchar los testimonios de los pobladores de Hualfín antes de avanzar con decisiones que puedan afectar sus tierras. Aunque se trata de procedimientos jurídicamente diferentes, sus declaraciones colocan en discusión las garantías que ofrece el Estado frente a posibles afectaciones de derechos particulares.
En Alto Huasi aparece otra particularidad: una de las coordenadas del edicto contiene una cifra ostensiblemente diferente de las restantes, lo que exige una aclaración para identificar correctamente el área. La Autoridad Minera, encabezada por Olga Teresita Regalado, tampoco informa en esa publicación cuáles son los minerales involucrados, qué propiedades comprende la mensura ni si existen superposiciones con derechos de terceros.
La publicación de un edicto puede satisfacer una exigencia administrativa, pero no garantiza por sí sola que todos los interesados hayan conocido efectivamente el procedimiento. Las 2.500 hectáreas de Alto Huasi todavía están sujetas a la mensura y a las eventuales oposiciones. La cuestión de fondo es si el Estado está ofreciendo información suficiente para que los propietarios puedan defender sus derechos antes de que las actuaciones avancen sobre territorios cuya situación dominial no se detalla públicamente.
Fuente: El Aconquija










