La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana se refirió al proceso de adecuación de la legislación de Catamarca al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional y remarcó que la provincia ya cuenta desde 2018 con un sistema especializado. Además, cuestionó las declaraciones del exdiputado Rubén Manzi sobre el supuesto reparto de los salarios de colaboradores legislativos y habló sobre el futuro de la Unión Cívica Radical.
Paz explicó que Catamarca debe adecuar su normativa procesal a la nueva legislación nacional, que establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años y cuya vigencia comenzó en septiembre de 2026. La Ley Nacional 27.801 también invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas.
“Catamarca desde el año 2018 tiene una ley propia de Penal Juvenil, que verdaderamente es sumamente importante y es mucho mejor incluso que esta ley nacional”, sostuvo la legisladora.
La provincia cuenta con la Ley 5.544, sancionada en 2018, que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y estableció órganos especializados para la investigación, defensa, juzgamiento y ejecución de sanciones. La normativa contempla, entre otros aspectos, la intervención mínima de la Justicia Penal, medidas alternativas a la privación de la libertad y la especialización de jueces, fiscales y defensores.
En este marco, Paz señaló que el proyecto de adecuación estaba siendo analizado en comisión y que se buscará avanzar con su tratamiento “en esta semana o cuanto antes”.
“La baja de la imputabilidad no va a cambiar la situación real”
Más allá de la adecuación normativa, la diputada planteó reparos respecto de que la reducción de la edad de imputabilidad sea considerada como una respuesta suficiente frente al delito adolescente.
“Creo que, si bien hay aristas muy importantes, hay otra cuestión de base: la baja del nivel de imputabilidad no va a cambiar la situación real”, afirmó.
Según Paz, el Estado debería intervenir de manera preventiva y anticipada para abordar las situaciones de vulnerabilidad que pueden derivar en conflictos con la ley penal.
“El Estado debe llegar antes con todos estos temas”, sostuvo, y destacó la importancia de las medidas reparativas y de los sistemas de protección previstos para los adolescentes.
La preocupación por las condiciones edilicias
Otro de los puntos que, según la diputada, debe ser contemplado en la adecuación provincial es la infraestructura necesaria para implementar efectivamente el nuevo régimen.
“Si hablamos de lo estrictamente edilicio, para adolescentes mujeres está previsto un lugar que está medianamente en condiciones. Para los varones adolescentes, el lugar está cerrado, por lo cual queremos saber entonces a dónde se los podría alojar”, explicó.
Paz consideró que no se trata simplemente de modificar normas, sino de garantizar las condiciones materiales para que el sistema pueda funcionar.
También planteó la necesidad de fortalecer los equipos técnicos y garantizar su presencia en el interior provincial, teniendo en cuenta las dificultades que presenta la geografía de Catamarca.
La nueva normativa nacional contempla, además, la coordinación entre Nación y provincias para la implementación del régimen y prevé mecanismos de cooperación vinculados al traslado y alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Críticas a los dichos de Rubén Manzi sobre los colaboradores
Durante la entrevista, la diputada también fue consultada por las declaraciones del exdiputado Rubén Manzi, quien había señalado que legisladores conocen y permiten un mecanismo mediante el cual colaboradores compartirían parte de sus salarios.
Paz manifestó su sorpresa y pidió que, si existen pruebas de esas situaciones, se realicen las denuncias correspondientes.
“Me llama muchísimo la atención que él diga que tiene conocimiento de que eso sucede. Si es así, lo invito a que, por favor, haga las denuncias que correspondan”, expresó.
En relación con su propia situación, aseguró: “En mi caso no sucede. Ustedes pueden acceder a hablar con cualquiera de las personas que trabajan en mi oficina y ha sido la conducta que mantengo desde que estoy en la función pública”.
La legisladora sostuvo además que no considera que ese tipo de prácticas deban ser naturalizadas y calificó como delito el eventual hecho de exigir a un trabajador que entregue parte de su remuneración.
La UCR y las posibles alianzas: “La decisión la toma la Convención Provincial”
Finalmente, Paz se refirió al escenario interno de la Unión Cívica Radical y a las reuniones que distintos dirigentes mantienen con referentes de la oposición, entre ellos Javier Galán.
La diputada pidió no anticipar definiciones electorales y remarcó que las decisiones sobre eventuales alianzas no corresponden a dirigentes individuales.
“Falta un año y algo para que en realidad tengamos que estar hablando en serio de estos temas. Me parece que no hay que pretender acelerar los tiempos ni adelantarse tanto”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la decisión final sobre una eventual alianza será adoptada por la Convención Provincial de la UCR.
“La decisión de con quién estamos en condiciones como partido de hacer alianza la toma nuestro órgano máximo, que es la Convención Provincial. Será la Convención, con el voto de los más de 100 integrantes, la que decida con quién la Unión Cívica Radical hará alianzas y todos vamos a respetar lo que desde ahí se designe”, señaló.
Consultada sobre si el radicalismo está más cerca del Gobierno provincial o del Gobierno nacional, Paz fue categórica respecto de su posición política: “Nosotros somos la Unión Cívica Radical y no tenemos nada que ver con ninguno de los oficiales, ni el Nacional ni el Provincial”.
La legisladora agregó que mantiene esa postura desde hace tiempo y que la comparte dentro del bloque junto al diputado Fadel.
