La justicia británica falló en el caso de los bonos bajo Ley Londres que están retenidos por el juez Thomas Griesa para beneficiar a los fondos buitre. El juez David Richards determinó que los títulos se encuentran fuera de la jurisdicción de su colega Griesa, en Nueva York, y por lo tanto, los acreedores del canje que no posean legislación estadounidense deberían cobrar. Sin embargo, le delegó la potestad de levantar el bloqueo a su par neoyorquino. De esta manera, el litigio que enfrenta a George Soros, tenedor de bonos del canje con Paul Singer, el buitre que ataca a la Argentina, queda en manos de Griesa.
En términos generales, el magistrado británico le dio la razón a los fondos Soros Fund Management, propiedad de Soros y Hyman Capital, de Kyle Bass, para quienes era poco razonable que un juez norteamericano bloqueara pagos de títulos que no responden a esa jurisdicción. Sin embargo, Richards intentó no exceder jurisdicciones para no sumar un nuevo conflicto jurídico. En consecuencia, emitió una segunda sentencia, en la cual considera que el Bank of New York Mellon (BoNY), entidad encargada de distribuir los pagos de la Argentina, opera bajo la legislación Nueva York debido al contrato de fiduciario firmado en el canje 2005. Por lo tanto, esta entidad debe responder a las decisiones del juez Thomas Griesa.
«No tengo dudas de que el fiduciario (BoNY) es consciente de sus obligaciones, pero al mismo tiempo es consciente, como debe ser, de la posición delicada en la que se encuentra estando sujeta a la jurisdicción de las Cortes de EE UU», opinó Richards. Así, aceptó la legislación inglesa de los títulos, pero se negó a dictar «una sentencia que no permita derecho a réplica para hacer valer los términos del contrato del fiduciario, incluyendo la obligación de transferir los euros a los acreedores», según el texto del fallo. En el ministerio de Economía son optimistas aunque con cierta cautela respecto del fallo de Richards. En un comunicado titulado «El dinero que retiene Griesa es de los bonistas porque Argentina pagó en tiempo y forma», Economía atacó a los fondos buitre y a Griesa por exceder su jurisdicción y, principalmente, afectar a terceros. Para el palacio de Hacienda, el magistrado británico «ratificó que los 225 millones de euros que la República pagó a fines de junio de 2014 están regidos por ley inglesa y, por lo tanto, fuera del alcance del juez Griesa.» En consecuencia, en la perspectiva del gobierno, la decisión abre nuevas oportunidades. El juez «dejó en claro que Argentina no estuvo ni está en default ya que este dinero pertenece legítimamente a los bonistas. Esta posición se contradice con lo afirmado por los fondos buitres, el Juez Griesa, su mediador Pollack y no pocos ‘especialistas’ locales que no querían reconocer el pago», expresó el comunicado. Asimismo, Richards «rechazó el argumento presentado por los fondos buitre, quienes afirmaban que el Canje 2005 y 2010 era ilegal, y que las órdenes libradas por el Juez Griesa contra el pago de los servicios de la deuda de los bonos del canje bajo la llamada cláusula pari passu le otorgaban a los fondos buitre derechos sobre los montos pagados a los Bonistas del Canje».
Economía no es parte de este litigio entre bonistas, pero es un tercero interesado por los efectos colaterales que puede tener en el diferendo general. La República Argentina «espera que éste sea un paso dirigido a que los tenedores de bonos perciban los fondos que Argentina pagó y legítimamente les pertenecen». Para Economía, la decisión de la justicia respaldando la postura de la Argentina sienta un precedente sobre la posibilidad de pago de la Argentina, y el hecho de que el país no entró en default. En cambio, los fondos buitre creen que existe una interpretación alternativa. Robert Cohen, abogado del fondo NML de Paul Singer, se manifestó «muy contento» por los resultados, ya que «los tenedores de bonos de cambio cínicamente fueron al tribunal de Reino Unido en busca de un alivio que ya se les había negado en los tribunales de EE UU. Este esfuerzo fracasó.» Cohen además elogió el fallo de Griesa, que les permite bloquear los pagos de la Argentina como forma de presión para el pago del 100% de sus acreencias. Para los buitres, el juez Richards no quiere interferir en lo más mínimo las decisiones de la Corte Federal de Nueva York. «La orden judicial emitida en Estados Unidos impide a la Argentina pagar a cualquier tenedor de bonos, independientemente de la ley que rige los bonos, a menos que Argentina pague a los tenedores de bonos defaulteados. El BoNY no negaba que esos títulos se rigen por el derecho inglés». Mientras que el gobierno celebra los avances del fallo Richards, los fondos especulativos elogian sus limitaciones. La decisión reabre los debates judiciales, esta vez en litigio internacional, mientras la República Argentina propone ante las Naciones Unidas un marco legal estratégico que permitirá en el futuro dirimir este tipo de disputas. Pero además, estos giros extra jurisdiccionales inesperados muestran el fracaso y la fragilidad de las órdenes de Thomas Griesa, el hombre que impidió un país pagar sus deudas. «
