La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su incompetencia para intervenir en el conflicto limítrofe entre Catamarca y Salta por el Salar de los Diablillos (Antofagasta de la Sierra). En esa línea, el máximo tribunal de Justicia del país consideró que el tema deberá ser resuelto por el Congreso de la Nación. Con esta decisión, se rechazó el planteo de Catamarca que pedía que sea el Poder Judicial el que cierre la disputa con la vecina provincia.
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema falla de esta forma, en el mes de agosto tomó la misma decisión en otra pelea limítrofe que involucraba a Catamarca pero con la provincia de Santiago del Estero.
El fallo que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda recién es emitido después de varios años de conflicto. De hecho, la presentación inicial se había realizado en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral en diciembre de 2007.
Cuando cambió el gobierno, la gestión de Lucía Corpacci continuó con la defensa del territorio provincial.
Para declarar su incompetencia en esta contienda judicial, la Corte Suprema consideró que la Constitución Nacional establece en el artículo 75 inciso 15 que corresponde al Congreso fijar los límites entre las provincias. En esa línea, afirmó que por medio del debate legislativo se garantiza una solución acorde con «el principio de federalismo que rige la convivencia de las provincias argentinas».
Más adelante, manifestó que la competencia del Congreso para resolver los conflictos de límites busca asegurar «la armonía entre las provincias y su igualdad como entidades políticas». Por esa razón, es que considera que estas demandas «resultan ajenas» a su jurisdicción y que solo podría intervenir -en el marco del artículo 127 de la Constitución Nacional- cuando se trate de juzgar relaciones derivadas de límites que ya han sido establecidos por el Congreso Nacional.
Más adelante, el Tribunal advirtió que la demanda de Catamarca exige pronunciarse sobre la definición del límite norte de la Provincia y sur de la Provincia de Salta, en particular respecto del tramo «Cerro Ratones-Cerro Incahuasi” que «no ha sido delimitado aún por el Congreso Nacional».
Finalmente, el fallo recuerda que en el Congreso de la Nación se presentaron diversas iniciativas por parte de legisladores para solucionar la controversia, lo cual expresa la búsqueda de una solución legislativa para el conflicto.
En la presentación hecha por Catamarca, se acusa a Salta de avanzar ilegalmente sobre el territorio provincial a través de concesiones mineras. La acción de Catamarca se inició luego de que el Juzgado de Minas de Salta otorgara una concesión a la empresa canadiense Silver Standard Resources en el yacimiento de cerro Bayo. Ese mismo lugar había sido concesionado por Catamarca a la minera Cerro Bayo SA.
Además, Catamarca pedía que se respete la jurisdicción territorial de la zona limítrofe en el norte de la Provincia; Se cese el avance y las hostilidades que Salta venía efectuando sobre el territorio; Que Salta adecue su registro cartográfico minero a los límites interprovinciales oficiales; Que se suspenda el aprovechamiento de los recursos naturales y su consecuente impacto ambiental; y que se materialice el amojonamiento del lugar.
En la presentación, se argumentó que a partir de la ley nacional 18.500 (1969) quedó conformado el límite este con la Provincia sin que exista confusión, en razón de que al incorporarse Antofagasta de la Sierra al territorio catamarqueño los límites estaban ya perfectamente delimitados.
ANTIGUO
La Provincia había realizado la presentación ante la Corte Suprema en diciembre de 2007. En la oportunidad acusaba a Salta de avanzar ilegalmente sobre su territorio en la zona de El Salar de los Diablillos.
