EL PRESIDENTE ADELANTO QUE SE PRESENTARA ANTE LA JUSTICIA PARA SOLICITAR UNA «DECLARACION DE CERTEZA» Y CREARA UN «FIDEICOMISO CIEGO» PARA ADMINISTRAR SUS BIENES
«Sé que hay mucha gente preocupada por lo de los Panamá Papers», advirtió el presidente a cuatro días de que la filtración de documentos sobre cuentas offshore lo implicará a él como parte de una sociedad familiar.
El mandatario mantuvo el tono de las respuestas sostenidas por la Casa Rosada durante la semana e indicó: «Estoy tranquilo de que he cumplido con la ley y he informado todo lo que tenía que informar. No era accionista, no recibí ningún tipo de retribución y realice la declaración en mi primer día como funcionario público».
El jefe de Estado, sin condenar el mecanismo de evasión fiscal, adelantó que mañana se presentará ante la Justicia Civil para solicitar una «declaración de certeza para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no hubo una omisión maliciosa en mi declaración».
Macri también señaló que entregó toda la documentación ante la Oficina Anticorrupción —encabezada por la cuestionada exdiputada del PRO Laura Alonso— y agregó: «Estoy a disposición de cualquier juez que requiera mi información», en la que pareció una respuesta a la imputación del fiscal Federico Delgado.
Por último, el presidente adelantó que realizará un «fideicomiso ciego» para administrar sus bienes personales hasta que finalice su tarea como funcionario público. De esta manera, el patrimonio del mandatario pasará a ser manejado por un tercero, con quien no podrá tener contacto. La decisión, implementada tras las revelaciones de los Panamá Papers, había sido una promesa de Macri luego de ganar el ballotage.
El jefe de Estado realizó los anuncios sobre sus cuentas personales durante la presentación del proyecto de ley de acceso a la información pública que será enviado al Congreso, al que calificó como «una enorme deuda del Estado con los Argentinos». Macri adelantó la creación de un organismo público que controlará las solicitudes y podrá penar a los funcionarios que las incumplan en un plazo de 15 días.
