🗣️ “Es sencillo verificar si trabajaban en la Cámara o en el corralón”, afirmó la abogada Silvia Barrientos, en el marco de la causa que involucra al diputado provincial Javier Galán.
Las abogadas Silvia Barrientos y Melisa Castro, representantes de los denunciantes, brindaron detalles sobre el avance de la investigación, poniendo el foco no solo en las acusaciones por abuso, sino también en un presunto caso de peculado de servicios, donde empleados de la Legislatura habrían sido utilizados en el corralón privado “San Javier”.
En diálogo con un medio local, Barrientos explicó que existe un testimonio clave: un trabajador que figuraba como empleado de la Cámara de Diputados, pero que —según declaró— nunca cumplió funciones allí, sino que era obligado a trabajar en el comercio vinculado al legislador.
El testigo, Iván Luna Avellaneda, también denunció haber recibido amenazas para modificar su declaración, lo que, según la querella, podría constituir un intento de entorpecer la investigación judicial.
Además, se investiga un posible esquema de manejo irregular de dinero, ya que parte del salario del trabajador habría sido transferido a cuentas de terceros por indicación del diputado, lo que refuerza las sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.
Desde la querella señalaron que estos hechos pueden comprobarse mediante registros laborales y movimientos administrativos, los cuales ya están siendo analizados por la Justicia.
⚠️ Clima de tensión y denuncias de amenazas
Las representantes legales también aseguraron haber recibido intimidaciones telefónicas, mientras que los denunciantes —tres mujeres y un hombre— cuentan actualmente con custodia policial debido a la gravedad de la situación.
📌 En este contexto, Barrientos cuestionó además la actitud del legislador en la Cámara de Diputados, calificando como “inapropiado” el uso de imágenes de casos sensibles durante una sesión.
Respecto a los fueros parlamentarios, la abogada fue contundente: sostuvo que, si Galán quisiera ponerse plenamente a disposición de la Justicia, podría renunciar a ellos.
La causa continúa en etapa de investigación y se esperan definiciones en torno a un posible pedido de desafuero, lo que permitiría avanzar con mayor profundidad en el proceso judicial.
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