Las denuncias vecinales y los reclamos de asambleas territoriales volvieron a poner de relieve los efectos de la minería en comunidades de Catamarca. Pobladores de la Sierra de Ancasti, El Alto y los valles del oeste advierten que el avance sostenido de los emprendimientos extractivos deteriora el hábitat tradicional, exponiendo a familias y parajes rurales a la dispersión de polvo en suspensión, alteraciones en el suelo y riesgos latentes sobre las fuentes de agua utilizadas para el consumo y la cría de animales.
La movilización ciudadana ante el proyecto litífero El Alto, impulsado por Litios del Norte S.A. y el Ministerio de Minería, encendió las alarmas por la falta de licencia social en el este provincial. Asambleas de Ancasti y Frías exigieron la impugnación de la consulta pública debido a la omisión de difusión masiva y a la imposibilidad de acceder a los estudios técnicos de impacto ambiental, denunciando que las perforaciones de exploración y el uso masivo de caudales amenazan de manera directa los bosques y las vertientes naturales de la comarca.
A la disputa por las reservas hídricas se suma la degradación del aire y de la capa superficial del terreno en las inmediaciones de los yacimientos. Las voladuras mecánicas y el tránsito continuo de camiones de gran porte levantan densas cortinas de material particulado que los vientos cordilleranos transportan hacia parajes habitados. Este sedimento mineral cubre huertas y pastizales nativos, alterando la microfauna local e inutilizando tierras históricamente destinadas a economías familiares de subsistencia.
Los habitantes de las zonas de influencia reclaman además la ausencia de estaciones públicas e independientes de monitoreo. Vecinos autoconvocados señalan que los controles oficiales dependen casi exclusivamente de reportes suministrados por las propias compañías multinacionales, lo que genera opacidad sobre los niveles reales de metales en polvo y sustancias químicas presentes en las cuencas que rodean a los poblados y escuelas rurales.
Avance extractivo y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La imposición de proyectos a espaldas de los residentes reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil en Catamarca. Diversos colectivos territoriales fustigan que la administración provincial celebre acuerdos de inversión internacional y acelere permisos de cateo mientras las comunidades del interior quedan catalogadas como zonas de sacrificio ambiental, desatendiendo el principio precautorio y negando instancias vinculantes de participación ciudadana previa a las adjudicaciones.
A esta subordinación económica se añade la contradicción entre los anuncios oficiales de sustentabilidad y la precariedad de los servicios en las zonas mineras. Dirigentes comunitarios denuncian que mientras las operadoras reciben exenciones y facilidades logísticas, los pueblos linderos no cuentan con agua potable de red regular, tendidos eléctricos estables ni infraestructura sanitaria básica para atender afecciones respiratorias derivadas de la actividad extractiva.
Fuente: El Aconquija
