A casi dos meses de la desaparición de Maira Romina Cabrera, los despliegues judiciales coordinados entre dos provincias no lograron dar con el paradero de la víctima. La investigación encabezada por la fiscal Alejandra Antonino incluyó ocho allanamientos y rastrillajes de campo en los departamentos Capayán y en zonas rurales riojanas por parte de la Justicia de Catamarca.
El principal sospechoso, Eduardo del Jesús Cejas, permanece alojado en el Penal de Miraflores bajo la imputación de femicidio. Pese a las detenciones y la prisión preventiva dispuesta, las fuerzas de seguridad continúan sin localizar los restos de la joven madre en los terrenos inspeccionados en Catamarca.
Durante los operativos en la localidad de Telaritos, los efectivos inspeccionaron inmuebles vinculados al entorno del acusado a la vera de la Ruta Nacional 60. En el procedimiento se secuestró una camioneta y siete teléfonos celulares, además de inspeccionarse una vivienda de adobe alejada mediante orden de registro formal.
Las actuaciones se extendieron hacia el paraje El Bombillo, en La Rioja, donde se allanaron viviendas de familiares de Cejas. En ese punto, las comisiones técnicas revisaron un pozo de agua de más de diez metros de profundidad e incautaron tres dispositivos móviles adicionales para peritajes bioquímicos y telefónicos.
Cuestionamientos por los días transcurridos y reclamos a Raúl Jalil
La extensión de las tareas investigativas requirió la intervención de unidades de Homicidios, bomberos, operadores de drones, canes adiestrados y personal de la Justicia de Catamarca. Pese a la utilización de recursos tecnológicos y logística científica, las diez horas de rastrillaje finalizaron sin obtener evidencias determinantes sobre la ubicación de Cabrera.
Frente al paso del tiempo sin novedades sobre el paradero de la joven, la falta de respuestas institucionales reavivó reclamos hacia Raúl Jalil. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de violencia de género cuestionan los días transcurridos sin resultados positivos y exigen al Poder Ejecutivo dotar de mayor presupuesto a la fiscalía especializada.
La causa mantiene como hipótesis principal que el cuerpo pudo ser trasladado entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto. Mientras los celulares secuestrados aguardan peritajes técnicos, la sociedad exige a la Justicia de Catamarca celeridad en la causa para evitar la impunidad en un nuevo hecho de violencia machista.
Fuente: El Aconquija
