El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto con el que había condicionado la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato. La decisión se conoció pocas horas después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros actores del sistema universitario.
En su resolución, el magistrado dejó sin efecto la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la Ley 27.795 a que el Congreso estableciera las fuentes presupuestarias necesarias. Cormick consideró “extraconstitucional” el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar una ley ya sancionada y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias correspondientes para garantizar la aplicación de la norma, incluyendo la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. Para fundamentar su decisión, el juez citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimaba que, para 2025, el costo de la norma representaba apenas el 0,23% del PBI, relativizando así el argumento del impacto fiscal esgrimido por la Casa Rosada.
Desde el Ejecutivo sostienen que corresponde al Congreso determinar de dónde saldrán los recursos para un gasto no previsto en el Presupuesto y advierten que la ejecución plena de la ley tendría un impacto significativo sobre las cuentas públicas en un contexto de ajuste fiscal. Fuentes oficialistas indicaron que trabajarán en la estrategia judicial y evalúan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implica ejecutar la norma en su totalidad. Con la apelación anunciada, el caso pasará ahora a una cámara de alzada, donde se definirá si se mantiene o se modifica el fallo que obliga al Gobierno a aplicar la ley de inmediato.
La disputa por el financiamiento universitario comenzó en 2025, cuando el Congreso insistió con la ley después del veto presidencial. El Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento. En diciembre del año pasado, el propio Cormick había dictado una medida cautelar para ordenar la aplicación de los artículos vinculados con la recomposición salarial y la actualización de las becas; esa cautelar fue confirmada por la Cámara y, en junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. El Gobierno firmó en junio un acuerdo con el CIN y los gremios que contempló una recomposición del 24,33% de la masa salarial y una actualización del 20% para gastos de funcionamiento, pero el juez consideró que esas medidas no implicaban un cumplimiento total de la ley.
El conflicto también sigue abierto en el Congreso, donde se debate el Presupuesto 2027. El proyecto contempla partidas destinadas al funcionamiento, la inversión y programas especiales de las universidades nacionales, aunque el CIN considera que los fondos previstos son insuficientes y reclama una asignación mayor. Mientras la Justicia resuelve la apelación, la comunidad universitaria prepara nuevas medidas de fuerza: hay una huelga de 72 horas en curso como antesala de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre, con acto central frente al Congreso en Buenos Aires, donde estudiantes, docentes, no docentes, rectores e investigadores exigirán financiamiento, recomposición salarial y aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
