El avance de proyectos extractivos en zonas de cordillera y serranías desató una creciente alarma comunitaria por el impacto del avance minero en Catamarca. Pobladores rurales, puesteros y asambleas socioambientales denuncian que la actividad no solo pone en riesgo las reservas de agua dulce, sino que genera graves fracturas sociales en Catamarca, alterando economías campesinas tradicionales e imponiendo esquemas de dependencia en localidades del interior.
Uno de los principales perjuicios que enfrentan los pueblos vecinos reside en la afectación directa de los recursos hídricos. Las perforaciones exploratorias y el bombeo continuo para salmueras y yacimientos metalíferos amenazan vertientes y napas de las que dependen huertas familiares y ganado de altura. Pequeños productores advierten que la disminución del caudal superficial reduce sus pasturas, forzando el abandono progresivo de labores rurales históricas.
A la pérdida productiva se añade la alteración de la convivencia en las poblaciones cercanas. Vecinos denuncian que la llegada de empresas contratistas y la oferta selectiva de puestos laborales precarios genera tensiones internas entre familias locales. Al mismo tiempo, las comunidades sufren el encarecimiento del costo de vida, la suba de alquileres y el desborde de los precarios centros de salud y caminos vecinales.
La desinformación profundiza la indefensión de las poblaciones del este y oeste provincial. Tras la presentación de cincuenta notas de impugnación contra charlas técnicas del proyecto El Alto, habitantes de la Sierra de Ancasti cuestionaron que los organismos provinciales intenten convalidar permisos de exploración sin transparentar los balances hídricos ni los riesgos acumulativos, obligando a los vecinos a organizar asambleas para defender sus cuencas.
Desamparo territorial y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La sistemática exclusión comunitaria en decisiones de impacto ambiental reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores sociales fustigan que el mandatario viaje al exterior promocionando acuerdos extractivos mientras las poblaciones cercanas a los proyectos carecen de agua de red confiable, tendido eléctrico seguro y hospitales equipados, priorizando la recaudación fiscal inmediata por sobre el desarrollo social de las localidades.
A este escenario se suma la contradicción entre las promesas oficiales de progreso y la ausencia de fiscalización independiente en el territorio. Las asambleas remarcan que el Gobierno provincial se limita a convalidar informes técnicos corporativos y audiencias no vinculantes, desoyendo las advertencias de pobladores que observan la degradación de sus suelos y el retroceso de sus medios de subsistencia tradicionales.
La sostenida resistencia comunitaria ratifica la inviabilidad de avanzar sin consenso sobre el avance minero en Catamarca. Con comunidades rurales en alerta permanente ante la entrega de cuencas compartidas, los pobladores exigen al Poder Ejecutivo provincial suspender procedimientos irregulares y habilitar auditorías transparentes que garanticen la permanencia, la salud y la dignidad de las familias en sus tierras.
Fuente: El Aconquija
