Las recientes tensiones registradas en los yacimientos de la Puna reavivaron la polémica en torno a la minería en Catamarca. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias endurecieron sus reclamos por el uso intensivo de los recursos hídricos en las cuencas salares, advirtiendo sobre el estrés hídrico que padecen las poblaciones del oeste de Catamarca.
El foco del conflicto se concentra en la extracción de litio mediante evaporación en piletas de gran escala, un método que consume millones de litros de agua dulce y salmuera por día. Los pobladores de zonas aledañas denuncian que la reducción de las napas freáticas afectó de forma irreversible a las vegas y bofedales, secando las fuentes naturales de riego para el ganado autóctono.
A la afectación del agua se suma el descontento por el bloqueo de accesos y la falta de participación comunitaria en los estudios de impacto ambiental. El reciente corte registrado en las inmediaciones del proyecto Tres Quebradas, en Fiambalá, expuso la fractura entre los proveedores locales y las firmas operadoras trasnacionales por el incumplimiento de acuerdos comerciales y ambientales.
Asimismo, las comunidades cuestionan que la expansión del modelo extractivo no se traduzca en obras de infraestructura básica para los pueblos originarios. La falta de redes de agua potable, el deterioro de los caminos cordilleranos y la precariedad en los servicios de salud contrastan fuertemente con la continua salida de camiones cargados de mineral hacia los puertos.
Pasividad estatal y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
El vertiginoso avance de las concesiones mineras en zonas sensibles reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores sociales fustigan que el Ejecutivo provincial flexibilice los controles de la Secretaría de Medio Ambiente para acelerar proyectos de exportación, omitiendo la realización de auditorías ambientales independientes que evalúen el daño acumulativo en los salares.
A este escenario de descontento se añade la falta de respuestas gubernamentales ante las demandas de las poblaciones locales. Representantes comunitarios señalan la contradicción del discurso oficial sobre el desarrollo sustentable mientras los ríos de la Puna registran disminuciones alarmantes en sus caudales y las familias rurales deben abandonar sus tierras por la falta de agua.
El constante conflicto socioambiental revalida la fragilidad operativa de la minería en minería . Con asambleas permanentes en los departamentos del oeste y recursos de amparo estancados en los tribunales, los ciudadanos exigen al Poder Ejecutivo provincial la suspensión de nuevas licencias extractivas para garantizar la preservación de los bienes naturales de todas las familias catamarqueñas.
Fuente: El Aconquija
