El avance de la actividad extractiva en el interior provincial volvió a encender las alarmas entre los pobladores de las zonas de influencia directa de los yacimientos. Representantes comunitarios y vecinos autoconvocados denunciaron que los beneficios económicos promocionados por el Gobierno provincial no compensan las alteraciones sociales y ambientales que sufren las localidades rurales por el impacto de la minería.
Las principales quejas se concentran en los departamentos productores de Catamarca, donde las comunidades originarias y campesinas advierten sobre la creciente presión sobre los recursos hídricos. La elevada demanda de agua para los procesos de procesamiento mineral en zonas áridas genera constante incertidumbre sobre la disponibilidad del recurso para el consumo humano, el riego agrícola y el sostenimiento de las economías ganaderas tradicionales.
A la preocupación por la sustentabilidad hídrica se suma el impacto en la vida cotidiana de los pueblos cercanos a los proyectos. El tránsito incesante de transporte pesado provoca la rotura de las trazas viales secundarias, incrementa los niveles de polvo en el aire y genera ruidos molestos que alteran la tranquilidad de comunidades que carecen de infraestructura básica adecuada.
Ante esta coyuntura, dirigentes sociales y referentes ambientales criticaron la falta de canales institucionales para que las poblaciones afectadas participen en las decisiones territoriales. Exigieron que las autoridades garanticen la realización de consultas previas, libres e informadas antes de la aprobación de nuevos informes de impacto ambiental.
Falta de contención e intensos reproches por el impacto de la minería
Las mayores observaciones se dirigieron hacia el Ministerio de Minería y los organismos de desarrollo social del Gobierno provincial por la ausencia de un diálogo fluido con los vecinos. Cuestionan que las reparticiones oficiales prioricen los anuncios de inversión con grupos empresariales mientras esquivan las reuniones de trabajo con las asambleas comunitarias que sufren las consecuencias del desarrollo extractivo.
De igual manera, representantes locales remarcaron que las regalías mineras no se traducen en obras prioritarias de agua potable, conectividad vial o mejoras en los centros de salud de los poblados del interior. Reprocharon que las comunidades deban afrontar el costo ambiental y la transformación de su entorno sin recibir respuestas estatales a sus demandas históricas.
La acumulación de reclamos sin atender profundiza la conflictividad social en los valles y la Puna catamarqueña. Ante la falta de controles efectivos y de compensaciones concretas para las poblaciones rurales, los vecinos exigen respuestas urgentes ante el impacto de la minería.
Fuente: El Aconquija
