El ministro de Hacienda y Finanzas, Ricardo Aredes, fue el encargado de poner fin a la polémica que se había generado en las últimas 78 horas por el veto parcial del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) sobre dos artículos específicos del presupuesto de la Cámara baja que, como estaba redactado, ponía en jaque la continuidad de todo el personal de la planta política y transitoria; y sin la posibilidad de recibir cualquier tipo de incremento salarial que otorgase el Gobierno en 2017 para Diputados y el Senado, inclusive.
El ministro reconoció que se trató de un «error de tipeo”, aunque aclaró que la finalidad pasaba por evitar el aumento de empleados en el Poder Legislativo. «El espíritu del decreto era que la Cámara de Diputados se ajuste a su presupuesto y evitar nuevas designaciones por fuera de lo presupuestado. Las altas y bajas de Cámara dependen de ellos, pero pretendemos que cualquier designación se ajuste a lo pautado presupuestariamente. Lo único que se quiso vetar es el último párrafo del artículo cuarto, que decía que el Presidente (de Diputados) podía realizar otras designaciones según las necesidades de la Cámara”, manifestó Aredes a El Ancasti.
También dijo que no era la intención generar preocupación en los trabajadores. «Hubo imprecisiones técnicas y administrativas que generó confusión sobre los más de 700 cargos transitorios de planta política. Pero no se va a modificar la situación de esos empleados, por lo que se pueden quedar tranquilos”, especificó.
Respecto del artículo 11, por el cual se podía dejar sin la posibilidad de incrementos de sueldos a la Legislatura, el ministro señaló que era «compatible” con el cuarto. «Todos los años el PEP asumió los incrementos salariales armonizados con el resto de la Administración Pública Provincial. Ratificamos que la Provincia pagará el incremento salarial que se acuerde al Poder Legislativo”, afirmó.
Documento
La mayoría de los integrantes del bloque de diputados del FCS-Cambiemos firmó un documento dirigido a la gobernadora Lucía Corpacci para que enmiende lo especificado en el veto parcial al presupuesto de Diputados. «Solicitamos a la Gobernadora la rectificación del decreto GyJ 117/17 a los fines de devolver tranquilidad a los empleados que pudieran ser afectados y sus respectivas familias”, indicaron.
También consignaron que el derecho de veto se encontraba fenecido porque ya habían pasado los 10 días –desde la sanción de la ley- para su efectiva aplicación.
Expresaron su descontento por la decisión de Lucía Corpacci «sin aval jurídico ni político».
