Un funcionario de la Municipalidad de La Plata fue detenido acusado de abuso sexual y violencia de género contra al menos tres empleadas que trabajaban bajo su órbita. Se trata de Federico Hernán Pez, quien se desempeñaba como director de Información Territorial del municipio.
La investigación, liderada por la fiscal Mariana Ruffino (titular de la UFI N°13 especializada en delitos de género) con intervención del Juzgado de Garantías N°4, se activó tras una denuncia radicada el pasado fin de semana por la expareja del exfuncionario.
Según fuentes del caso, la mujer denunció haber sido agredida físicamente durante una discusión y haber sufrido un abuso sexual. Debido a las lesiones visibles tuvo que recibir asistencia médica en un centro de salud, lo que derivó en la inmediata acción judicial. Tras ordenarse su captura, el municipio dispuso su desvinculación inmediata del cargo.
A raíz de esta primera presentación, el caso tomó una dimensión institucional aún mayor cuando otras trabajadoras municipales rompieron el silencio. Las empleadas denunciaron acoso laboral y sexual sistemático, situaciones de abuso amparadas en la relación jerárquica y de poder que ejercía el acusado.
15 causa penales previas
La imputación formal contra Pez es por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”. El acusado se negó a declarar en su indagatoria y la Justicia ya rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa, por lo que continuará tras las rejas.
A medida que avanza la investigación, el perfil del detenido genera cada vez más consternación. La documentación oficial incorporada al expediente reveló al menos 15 causas penales previas y más de una decena de expedientes en el fuero de Familia.
Todas las presentaciones anteriores están vinculadas a hechos de violencia de género, amenazas, lesiones y abusos denunciados por distintas mujeres a lo largo de los últimos años.
Ante este panorama, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación” por el nivel de riesgo detectado, advirtiendo sobre la clara existencia de un patrón sistemático de violencia. Las denunciantes coincidieron en que Pez utilizaba sus posiciones de poder -ya que también cumplía funciones en la Defensoría del Pueblo bonaerense- para hostigarlas y condicionarlas laboralmente.
Desde la administración comunal explicaron que procedieron al despido de Pez en cuanto se conoció la orden de detención. Asimismo, aclararon que al momento de su designación, el hombre no registraba antecedentes penales en los informes oficiales presentados, cumpliendo así con las normativas vigentes para el ingreso a la función pública.
Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de recopilación de pruebas y toma de testimonios, mientras que las víctimas están recibiendo asistencia integral y acompañamiento legal por parte de organismos especializados.
AS/MG
Con información de NA
