La Cámara de Senadores realizó ayer jueves la séptima sesión ordinaria y
continuando la modalidad de aprobación de pliegos, se designó al Dr. Alejandro
César Dalla Lasta Baroni como fiscal de Cámara Criminal de la Primera
Circunscripción Judicial y al Dr. Alejandro Agustín Gober para cumplir el rol de
fiscal General Penal del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
El Senado resolvió estas aprobaciones contando con el despacho favorable de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Los pliegos fueron
enviados por el Gobierno provincial conforme con lo que establecen los artículos
89 y 200 de la Constitución Provincial.
Los senadores Edgardo Seco y Augusto Ojeda, fueron quienes, como miembros
informantes, apuntaron que tras el tratamiento correspondiente y las entrevistas
pertinentes se concluyó que los dos profesionales del Derecho se encuentran en
condiciones y sin objeción ni impugnación alguna para ocupar los cargos para los
que fueron postulados, teniendo en cuenta además que se contó con informes
positivos por parte del Colegio de Abogados y Corte de Justicia.
La sesión, fue encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, el senador de
Andalgalá, Horacio Gutiérrez, y durante la misma también se aprobaron tres
proyectos de declaración autoría de las y los senadores José Pío Carletta, Virginia
Del Arco y Andrea Lobo sobre tablas.
Media sanción para la creación del municipio de Palo Blanco
En el día de ayer, además se le dio media sanción al proyecto presentado por
senador José Alaniz Andrada sobre la iniciación de procedimiento previsto en Ley
N° 4640, que tiene por objeto en este caso la municipalización de la localidad de
Palo Blanco, distrito Fiambalá, departamento Tinogasta.
“Si se logra la municipalización los pueblos de la Herradura integrados por Punta
del Agua con 200 habitantes; Chiquisaca 25 habitantes; Antinaco 200 habitantes;
Las Papas 30 habitantes; La Ciénega 20 habitantes; Mesada de Zárate 150
habitantes, serían delegaciones dependientes de Palo Blanco” expresó el
legislador autor entre sus fundamentos, tras señalar que el proceso de
municipalización está estipulado, dentro del marco constitucional vigente,
considerando además que esto significará “el reconocimiento de sus derechos,
una herramienta de gestión que les permitirá directamente a través de sus
representantes gestionar una mejor calidad de vida para todos sus habitantes”. El
proyecto fue enviado a Diputados.
