La Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa, impulsada por el Gobierno Provincial y aprobada por la Legislatura en mayo de 2024, tenía como principal argumento la optimización de recursos en un contexto económico difícil, caracterizado por la recesión y la disminución de ingresos. Además, la ley establecía la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación, integrada por representantes de los tres poderes del Estado y el Tribunal de Cuentas, bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con el objetivo de evitar el mal uso de los fondos públicos.
Sin embargo, resulta difícil de entender la decisión del Ministerio de Educación, dirigido por Dalmacio Mera, de destinar 350 millones de pesos a la compra de vehículos de alta gama para el uso exclusivo de funcionarios. Con el respaldo de la cartera económica, Mera adquirió a una concesionaria local cuatro camionetas Volkswagen Amarok, por un total de $358.590.527. Tres de las camionetas costaron $70.461.701 cada una, mientras que la cuarta cotizó en $60.205.424, y además se adquirió un utilitario por $87.600.000.
La pregunta es: ¿cómo justificar semejante gasto cuando la Ley de Emergencia Económica, que aún está vigente, establece que sólo se pueden comprar vehículos para los sectores de Salud y Seguridad? ¿Es realmente necesario este gasto en vehículos, cuyo uso parece ser más personal para el ministro y sus colaboradores?
Es evidente que las prioridades del Ministerio de Educación, o de su titular, están desajustadas. Mientras existen falencias en los edificios escolares, falta de personal de servicios generales, docentes con sueldos atrasados desde hace meses y cargos vacantes, el ministerio opta por un gasto innecesario en vehículos de lujo.
Además, el Presupuesto 2025 contempla un recorte de 52.976 horas cátedras en comparación con las 202.263 originalmente previstas, y la eliminación de 5050 horas cátedras de docentes no permanentes.
Parece que algo no está funcionando bien en la provincia. Mientras el gobernador Raúl Jalil habla de austeridad y decide no otorgar el esperado bono de fin de año a los empleados públicos, docentes y fuerzas de seguridad, sus funcionarios gastan recursos que podrían haberse destinado a cubrir necesidades reales en lugar de satisfacer los caprichos de quienes ocupan, de manera temporal, cargos públicos.
